Por Redacción
Dirigentes sindicales y sociales de América Latina se reunieron en Porto Alegre, a 25 años del Foro Social Mundial, para analizar la situación global y coordinar una respuesta frente al avance de la extrema derecha, las políticas neoliberales y las agresiones imperialistas. El encuentro reafirmó la necesidad de reconstruir una articulación internacional capaz de enfrentar el ajuste, la desigualdad y el deterioro de las democracias. Del mismo, participaron los principales referentes de las dos CTA.
El diagnóstico compartido señaló que el sistema capitalista atraviesa una etapa de crisis económica, social y política. En ese marco, se sostuvo que las potencias impulsan respuestas basadas en políticas neoliberales, militarización y expansión de fuerzas de extrema derecha. El documento discutido en Porto Alegre describió un patrón que se repite en distintos países: recorte de libertades democráticas, deterioro de derechos laborales, crecimiento del desempleo estructural, debilitamiento de la seguridad social y persecución a organizaciones sindicales y populares.
El análisis incluyó la privatización de servicios públicos, la reducción de la inversión social, políticas migratorias restrictivas y un incremento del gasto militar. Se sumaron prácticas de negacionismo científico y climático, junto con procesos de desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas en favor de modelos extractivos. En ese marco, se advirtió que los discursos de la extrema derecha promueven la estigmatización de migrantes, mujeres, personas LGBTQ+, sectores empobrecidos y minorías, con la intención de canalizar el malestar social hacia esos grupos.
El encuentro planteó que estas fuerzas operan a escala internacional, con redes de coordinación política, financiamiento, campañas de desinformación y respaldo de grandes plataformas digitales. Ese entramado, según se expuso, busca consolidar proyectos autoritarios y desestabilizar gobiernos que resisten políticas alineadas con intereses de las potencias.
La discusión incorporó el escenario internacional y el aumento de conflictos. Se denunciaron sanciones económicas, intervenciones militares y violaciones al derecho internacional. En ese marco, se señaló la situación en Palestina como un caso extremo, con un genocidio en Gaza respaldado por Estados Unidos y otras potencias. El documento incluyó referencias a operaciones militares en Líbano y a conflictos en distintas regiones.
Frente a este panorama, los participantes plantearon la necesidad de una articulación amplia entre organizaciones sindicales, sociales y políticas. El objetivo, según se definió, es construir una respuesta común que incluya la defensa de los trabajadores, los pueblos originarios, los migrantes, las mujeres y las minorías, junto con la protección del ambiente y la soberanía de los pueblos.
Por otro lado, los participantes indicaron que «nunca como hoy la lucha contra el imperialismo y el fascismo ha sido tan urgente y necesaria. Esta lucha debe articularse internacionalmente. La Conferencia Antifascista por la Soberanía de los Pueblos se compromete a continuar la lucha sin descanso y a constituirse como un espacio de construcción de unidad frente al ascenso de la extrema derecha y las agresiones imperialistas. Frente a la barbarie, levantamos la bandera de la solidaridad internacional, de la lucha de los pueblos y de un futuro socialista, ecológico, democrático, feminista y antirracista».
En este sentido, enfatizaron propusieron «la creación de un espacio de articulación internacional para unificar esta lucha a nivel global, así como incentivar la realización de conferencias regionales y nacionales antifascistas y antiimperialistas, con el objetivo de llevar a cabo una 2ª Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos».
Los sindicalistas decidieron apoyar «la construcción de una conferencia latinoamericana en Argentina, en fecha y formato a ser propuestos por la delegación y las organizaciones argentinas, en diálogo con el comité internacional. Apoyar una conferencia regional en América del Norte que involucre organizaciones de México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Central».
