Por Redacción
Alienado con el Fondo Monetario Internacional Javier Milei vulneró la Ley de Presupuesto 2026 y resolvió ajustar nuevamente sobre áreas que hacen al bienestar social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el cuestionado Manuel Adorni, imputado en la justicia por causas relacionadas a la corrupción y por el agente de la oligarquía financiera, el Ministro de Economía Luis Caputo, el Ejecutivo dispuso un recorte de partidas para educación, salud, transferencias a provincias y obras de infraestructura, por un total de tres billones de pesos.
«Reordenar las cuentas públicas», es la trillada justificación para perpetrar la destrucción del ordenamiento social nacional. De este modo, el mayor ajuste recayó sobre las provincias y municipios, en este sentido el recorte fue de $970.000 millones. El ajuste incluye la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras hídricas como el Acueducto Vipos en Tucumán y el Sistema de Agua Potable de Concordia.
En tanto, la restricción en educación será de $78.768 millones. El Plan Nacional de Alfabetización sufrió una quita de $35.000 millones; el Fondo de Compensación Salarial Docente, casi $9.000 millones; y las obras de infraestructura en universidades nacionales quedaron paralizadas tras un recorte de $5.303 millones. La empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió $48.000 millones adicionales.
En salud pública, el recorte fue de $63.021 millones. Las partidas destinadas a medicamentos y tecnología médica se redujeron $20.000 millones y las transferidas al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, $25.000 millones. El programa de lucha contra el cáncer, que asiste a miles de pacientes en todo el país, perdió $5.000 millones. El INCUCAI y el Instituto Malbrán sufrieron reducciones presupuestarias y la paralización de obras de alta complejidad.
Como contrapartida, se generaron partidas especiales para financiar «Plan de Retiros de Voluntad Recíproca» en la ANSES. El programa pretender desvincular trabajadores públicos con indemnizaciones que pueden llegarán a los 80 millones de pesos en una cuota y en dos cuotas si las mismas exceden ese monto. Por otro lado se aumentó a 500.000 millones de pesos el límite del pago de sentencias judiciales previsionales. Del mismo modo, la partida para gastos destinados a personal en el Consejo de la Magistratura subieron a 115.194 millones de pesos y otros 22.000 millones de pesos para los bienes enmarcados en el programa “Justicia de Máxima Instancia”.
