Por Redacción
Mientras el Banco Central de la República Argentina utilizó 1.100 millones de dólares para intentar contener la suba del dólar, el presidente Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aunque frenó su aplicación. El gobierno dejó en suspenso la aplicación de la normativa porque exige que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el presupuesto nacional, a pesar de que ambas Cámaras ya habían rechazado el veto presidencial y ratificado la sanción original.
A través del Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno libertario oficializó la suspensión y advirtió sobre el impacto fiscal que generaría la implementación inmediata de la ley. Obsesionado por recortar partidas presupuestarias para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional en función de poder cumplir con el pago de intereses de la deuda, Milei decidió ajustar a los sectores más necesitados por la intervención estatal.
El oficialismo justificó la decisión al sostener que las pensiones por discapacidad demandarían 2,1 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026. A esos montos se suma el programa Incluir Salud, que cubriría la atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas, con gastos estimados en 574.200 millones de pesos este año y 1,2 billones en 2026. Cabe señalar que el Presupuesto 2026 prevé ajustes para la salud y otras áreas sensibles.
Milei había vetado previamente la ley mediante el Decreto 534/25, entonces argumentó que era indispensable garantizar la “viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. Tras la ratificación de la normativa por parte del Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que el Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos”, así expuso la intencionalidad del gobierno libertario de atacar a las personas con mayores necesidades sociales.
De este modo, se refleja la prioridad del Gobierno libertario: mientras millones de dólares se destinan a sostener artificialmente el dólar, la asistencia a personas con discapacidad queda postergada. La suspensión pone en evidencia que la protección del mercado cambiario y la política electoral pesan más que garantizar derechos esenciales a un sector vulnerable de la población.
