Por Redacción
Envalentonado por el resultado electoral y después de una postergación demagógica, Milei dispuso un un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos y Dióxido de Carbono, la medida fue impulsada a través de un decreto y comenzará a regir a partir del 1° de noviembre. La medida establece una suba de $15,56 por litro en la nafta y de $12,64 en el gasoil, se espera que el la suba impositiva tenga impacto en el precio al consumidor que, como ocurre siempre, es el termina por pagar el valor de los incrementos y beneficio de los empresarios.
El Ejecutivo libertario había decido, en octubre, postergar los aumentos para no generar una reacción negativa en los votantes en el marco de las elecciones de medio término . Esa decisión provocó cuestionamientos por parte de especialistas que calificaron la maniobra como una “gestión fiscal cortoplacista”. Desde la Secretaría de Energía, se sostuvo que la postergación buscaba “estimular el crecimiento”, aunque el efecto inmediato fue concentrar la suba en noviembre, junto con el impacto de la devaluación acumulada.
El incremento golpea de lleno en la estructura de precios y presiona sobre una inflación que sigue sin dar señales de desaceleración. En este contexto, en el mercado inmobiliario, los contratos de alquiler regidos por la ley derogada sufrirán un alza de alrededor del 42,2% en noviembre, lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de desregulación habitacional. Las compañías de medicina prepaga comunicaron nuevas subas en las cuotas mensuales, con porcentajes que oscilan entre 2,1% y 2,8%, valores que igualan o superan el índice inflacionario de septiembre.
El consumo de combustibles, considerado un indicador clave del nivel de actividad económica, evidencia la recesión técnica que atraviesa el país. La caída en las ventas refleja el freno del transporte y de la producción, en un escenario de alta incertidumbre. El decreto firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé además que desde diciembre se apliquen los incrementos restantes correspondientes a los ajustes inflacionarios de 2024 y 2025.
Con una inflación del 2,1% en septiembre, el Gobierno libertario enfrenta críticas por no haber logrado revertir la inercia de los precios. La nueva suba impositiva se inscribe en una política económica que, bajo el argumento de alcanzar la “estabilidad fiscal”, traslada el peso del ajuste sobre la sociedad y consolida un panorama de creciente deterioro económico.
