Por Redacción
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos dio inicio al juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia naval que el 15 de noviembre de 2017 provocó la muerte de 44 tripulantes de la Armada Argentina. Nueve años después, cuatro exjefes navales se sentarán en el banquillo de los acusados, mientras se omite juzgar a los responsables políticos.
Cabe destacar que la justicia descartó investigar la línea que involucra a Gran Bretaña en lo que podría ser una atentado contra la nave argentina que operaba en aguas del Atlántico Sur, donde los agentes invasores, desarrollan distintas actividades militares. Por lo tanto, el peso del trabajo judicial caerá sobre el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; del capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien estuvo al frente de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de ese comando; y del capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de Operaciones.
La acusación incluye incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el ARA San Juan no estaba en condiciones técnicas adecuadas para cumplir la misión de patrullaje. La investigación oficial describió los problemas de mantenimiento y fallas operativas que la cadena de mando conocía antes de la última navegación.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Zárate, Colla, Franco Pruzan y Garmendia Orueta sostuvieron que el submarino superó en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco. El documento judicial indica que los oficiales imputados tenían conocimiento de incidentes técnicos previos, entre ellos episodios registrados en julio de 2017.
El inicio del proceso judicial comenzó a desarrollarse en medio de cuestionamientos de los familiares de los tripulantes. Parte de las querellas criticó la distancia entre el tribunal y la ciudad de Buenos Aires, ya que el juicio se desarrolla a unos 2.500 kilómetros del lugar donde viven muchos familiares. En tal sentido, el abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, expresó su preocupación por el desarrollo de la causa: «Lamento la lejanía de la sede del juicio y la falta de peritajes sobre los restos hallados».
Entre los familiares persiste el reclamo por la ausencia de responsabilidades políticas en este debate oral. Ese malestar se profundizó después de que la Justicia confirmara los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y de exfuncionarios de inteligencia en causas vinculadas al espionaje a los familiares de las víctimas.
Según los peritajes judiciales, el 25 de octubre de 2017 la nave partió desde la base naval de Mar del Plata rumbo a Ushuaia con fallas técnicas documentadas. El 14 de noviembre de ese año el capitán Pedro Fernández informó a la base naval el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación. Ese episodio provocó un cortocircuito y un incendio en el tanque de baterías número tres. La última comunicación con tierra ocurrió el 15 de noviembre de 2017 a las 10.51. La investigación sostiene que el submarino perdió el control de profundidad y descendió más allá del límite estructural de resistencia del casco, lo que provocó la implosión.
Más allá del la acción judicial, aun resta saber porque la Armada persiste en asumir la responsabilidad en soledad y en proteger al poder político. El compromiso de la Justicia parece estar lejos de buscar la verdad sobre lo ocurrido, sobre todo porque a los largo de estos años, el macrismo hizo todo lo posible para evitar que se conociera el fondo de la trama que le costó la vida a 44 personas.
