La Corte Suprema de Justicia avanzó contra los trabajadores con un fallo que blinda a las empresas frente a deudas laborales

Por Redacción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció un nuevo precedente contra los trabajadores  al resolver que los directivos de una empresa no asumen responsabilidad personal automática por las deudas laborales de la compañía. El fallo en el caso «Oviedo, Javier Darío vs. Telecom Argentina S.A. y otros s. Despido» consolidó una jurisprudencia que protege la separación patrimonial entre la empresa y sus administradores.

En instancias anteriores, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una condena solidaria contra Telecom Argentina S.A., Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L., al considerar que Telecom había utilizado de forma fraudulenta a las otras dos empresas para ocultar la relación laboral directa con el demandante.

El máximo tribunal, integrado por su presidente Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la «personalidad diferenciada de la sociedad respecto de sus administradores» constituye una «regla precisa y la base del derecho societario». Añadieron que la excepción a esta regla debe aplicarse de modo restrictivo, pues la responsabilidad personal requiere «cabal comprobación de que estos incurrieron en un mal desempeño de sus cargos por no actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios».

La Corte remarcó que el estándar del «buen hombre de negocios» varía según el contexto. En empresas de gran tamaño, los directores no tienen la obligación de revisar cada decisión diaria, sino que deben garantizar la existencia de «mecanismos de control apropiados» que eviten irregularidades. El fallo impulsa la protección del patrimonio personal de los miembros del directorio. Diversas entidades empresariales celebraron la resolución y resaltaron  la seguridad jurídica que ofrece a quienes ocupan cargos de liderazgo.

La decisión de la Corte se inscribe en el marco del proceso actual que vulnera la integridad protectora de los trabajadores y refuerza la acción pedagógica y jurídica a favor de los intereses oligárquicos.

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