La CGT, las dos CTA y el Frente Cultural Federal lanzaron un plan de acción contra la ofensiva de Milei sobre la cultura

Las centrales obreras cuestionaron la intención del Ejecutivo de eliminar la Ley Nacional del Doblaje (23.316), la Ley Nacional de Fomento al Libro y la Lectura (25.446) y la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542). Los participantes sostuvieron que esas normas, sancionadas durante el período democrático iniciado en 1983, constituyen herramientas para proteger el trabajo, la producción cultural y el acceso a los bienes culturales.

Del encuentro participaron representantes de las secretarías de Cultura y Comunicación de la CGT y de ambas CTA, el Frente Cultural Federal, sindicatos de actores, locutores, autores, periodistas, escritores, trabajadores gráficos, bibliotecas nacionales, provinciales y populares, asociaciones profesionales de la cultura y la comunicación, centros culturales, las confederaciones CATE y COSITMECOS, representantes de áreas culturales municipales y provinciales, junto con la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Lorena Pokoik, la diputada Kelly Olmos, asesores legislativos y funcionarios del Instituto Cultural y del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Como resultado del encuentro, las organizaciones acordaron poner en marcha un plan de acción conjunto para defender las leyes culturales. La iniciativa contempla la conformación de una mesa de trabajo integrada por las centrales sindicales, el Frente Cultural Federal, organizaciones del sector, cámaras empresarias y representantes de las actividades alcanzadas por la iniciativa oficial. AL mismo tiempo, señalaron que las acciones prevén una estrategia de movilización durante el tratamiento parlamentario de la nueva Ley Ómnibus e incorpora el derecho a la cultura como una de las consignas que acompañarán las próximas marchas y medidas de protesta convocadas por las centrales obreras.

Por otro lado, se resolvió impulsar una denuncia ante la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de las Naciones Unidas para exponer lo que consideran un ataque permanente del Gobierno nacional contra la cultura argentina. Entre las demandas planteadas, se reclamó el tratamiento del nuevo Estatuto del Periodista presentado en el Senado, la sanción de una ley que garantice la continuidad de las asignaciones específicas destinadas al INCAA y a Radio y Televisión Argentina (RTA), la aplicación del financiamiento para la educación superior, cultural y artística aprobado por el Congreso y la ejecución plena de los recursos asignados a los organismos descentralizados y a los programas culturales.

Al cierre de la reunión, las entidades expresaron en un documento conjunto: «La cultura es un derecho constitucional. El acceso a la diversidad cultural es un derecho humano indelegable de todos los Estados. La cultura es el verdadero capital del pueblo y de un país soberano. Este 29 de julio, en el Día Nacional de la Cultura, decimos: ¡No! a la degradación de la cultura federal argentina».