Por Redacción
La empresa de neumáticos FATE cerró de manera definitiva su planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando y dejó sin empleo a 920 trabajadores, tras más de ocho décadas de actividad industrial en ese distrito. En este marco, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático lanzo un plan de lucha y el Gobierno de Milei dictó la conciliación obligatoria.
La decisión se conoció cuando los operarios llegaron a la fábrica y encontraron un cartel en el ingreso que informaba el cierre del establecimiento. La situación derivó en un fuerte conflicto en el interior del predio, luego de que los trabajadores ingresaran al lugar tras cortar el alambrado perimetral. En ese contexto, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires reprimieron la protesta con balas de goma.
La compañía, controlada por la familia Madanes Quintanilla, difundió un mensaje para justificar la medida.
Los responsables de la empresa señalaron: “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre”.
El Secretario General del SUTNA, Alejandro Crespo, cuestionó el cierre y lo calificó como ilegal. Afirmó: “de golpe y de forma totalmente ilegal acaba de cerrar las puertas con un cartel de una fábrica emblemática como FATE”.
Remarcó el peso histórico de la firma en el país y enfatizó que «no es joda, es una de las marcas más tradicionales de Argentina que viene hace 70 años formando un holding económico muy poderoso”.
El dirigente vinculó la medida empresaria con el escenario laboral y político, aseguró que “el cierre de esta fábrica, a pocos días de la reforma laboral y en medio de un brutal ataque a los trabajadores, es lo que estamos viviendo en el país y lo que no podemos tolerar”. Asimismo, agregó que «la empresa había firmado una cláusula de no despidos hasta el 30 de junio y nos encontramos hoy con un cartel cerrando la planta y dejando a todos los trabajadores operarios sin trabajo, pero también a los tercerizados”.
Desde el sindicato confirmaron que la empresa había solicitado con anterioridad el procedimiento preventivo de crisis, un antecedente que ahora quedó bajo análisis tras la decisión de cerrar definitivamente la planta y despedir a la totalidad de su personal. A partir del dictado de la conciliación obligatoria se abre una instancia de negociación por 15 días, más 5 de prórroga, por lo que los despidos quedan sin efecto, al menos durante este período.