Por Redacción
En el marco de un contundente paro general nacional dispuesto por la Confederación General del Trabajo y con un desproporcionado operativo represivo montado en las adyacencias del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei Con 135 votos a favor y 115 en contra, los legisladores nacionales le dieron la espalda al mandato popular y, una vez más, decidieron defender los intereses del capital.
En este contexto, los legisladores de la Libertad Avanza, junto a sus aliados, decidieron no defender la iniciativa en el recinto. Con los votos a favor, la orden fue ser expeditivos para que el proyecto salga sin un tratamiento elaborado y profundo. Durante la jornada, sectores representantes de las dos CTA, y sindicatos de la CGT, junto a partidos de izquierda, se movilizaron a Plaza Congreso. A media tarde, las fuerzas represivas del régimen reaccionario no resistieron la tentación y salieron de cacería, luego que un grupo de escasas integrantes arremetiera contra el vallado que surcaba las inmediaciones del Congreso. De este modo arremetieron con balas de goma, gases y con camiones hidrantes.
En el reciento, el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo aseguro que “la norma que están votando es inconstitucional” y denunció: «han contrabandeado detrás de la palabra modernización laboral, la regresión más brutal que reconozca la historia sobre los derechos de los trabajadores. Afecta todos los pilares del derecho del trabajo, de la representación, e inclusive ahora, del fuero en el que deben tratarse las cuestiones laborales».
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal ratificó que el proyecto no contiene ningún artículo que » «favoreciera al trabajador” y remarcó que «la ley tiene un enmascaramiento que es la modernización. No hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar. Se meten con todo: con la vida, con las enfermedades de los trabajadores. Se excedieron. Entonces volvieron atrás, porque midieron con algún consultor, y este tema les daba negativo».
Entre otras cuestiones, el proyecto liberatorio habilita el fraccionamiento de las vacaciones, la implementación de bancos de horas y la fijación de salarios vinculados a parámetros de productividad. Estableció, a su vez, un nuevo esquema de indemnizaciones por despido de menor cuantía. Asimismo, crea el denominado Fondo de Asistencia Laboral, un instrumento que permite financiar indemnizaciones con recursos provenientes del sistema previsional y autoriza su utilización en operaciones financieras.
La iniciativa incluye el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo esquema queda bajo la órbita institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo local responde al PRO, lo que reconfigura el sistema de designación de magistrados del fuero laboral.
Otro punto central del proyecto es la restricción del derecho a huelga. Para ello, amplió de forma significativa el alcance de las actividades declaradas esenciales y trascendentales, una definición que alcanzó a la mayor parte de los sectores de la economía y limitó de manera efectiva la posibilidad de adoptar medidas de fuerza. Asimismo, el régimen del Personal de Casas Particulares fue modificado con un esquema que reduce las indemnizaciones por despido y profundiza la precarización de un sector integrado mayoritariamente por mujeres.
En materia de nuevas formas de empleo, la iniciativa crea un régimen específico para el trabajo en plataformas digitales vinculadas al transporte y al reparto. La norma niega la existencia de relación laboral, encuadra a los trabajadores como prestadoras independientes y subordina la cobertura frente a accidentes a la decisión unilateral de las empresas.
El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y establece la primacía del convenio por empresa por sobre el convenio de rama. Mantiene la cuota sindical y solidaria con un tope del 2%, dentro de un esquema que fragmenta la negociación colectiva y debilita el poder de representación de los sindicatos. La reforma prohíbe asambleas en los lugares de trabajo, limita las funciones de las y los delegados e incorpora un régimen de sanciones para conductas calificadas como “prácticas desleales”, con definiciones amplias que habilitan medidas disciplinarias contra la actividad sindical.
La propuesta avanza, en forma simultánea, sobre una reducción de la carga tributaria que impacta de manera directa en el financiamiento de la actividad audiovisual y cultural. En ese marco, se dispuso el recorte de los recursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Del mismo modo, deroga el Estatuto del Periodista, lo que implica un retroceso en las garantías laborales específicas de la actividad y abrió un escenario de afectación directa a la libertad de expresión.
Al término de la sesión extraordinaria y después de una jornada amañada por las operaciones que realizaron dentro y fuera del recinto desde el oficialismo, las y los diputados libertarios y sus aliados, celebraron el retroceso a la semi-esclavitud de la clase trabajadora.
