Por Redacción
El Gobierno de Javier Milei modificó de raíz la regulación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con el Decreto 493/2025. La norma habilitó cortes de servicio por deuda, quitó límites a la concesionaria y fijó la venta de hasta el 90% de las acciones a privados. La decisión afecta a más de 14 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires que, desde hace casi veinte años, no podían sufrir cortes de agua aunque acumularan facturas impagas.
Milei modificó más de cien artículos del esquema de control de AySA. A partir de ahora, la empresa podrá suspender el suministro a quienes no paguen y usar los ingresos para garantizar obras, sin obligación de cobertura universal inmediata. El decreto redefinió la relación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), que deberán resolver conflictos cuando la empresa o la sindicatura de usuarios lo pidan. Con el nuevo esquema, el rol de control se diluye, ya que AySA podrá contratar auditorías propias para validar obras y revisar presupuestos.
La norma incluye el “Plan Director de Mejora Estratégica”, redactado por APLA con revisión cada cinco años, para marcar prioridades cloacales. La ejecución de este plan no es obligatoria, por lo que deja en manos del concesionario decidir la inversión.El libertario dispuso un modelo de sociedad que habilita la transferencia de casi toda la compañía a manos privadas, mientras que el 10% restante queda reservado a empleados que ingresen al Programa de Propiedad Participada. Por otro lado, el proceso de transición demorará cinco años desde que se adjudique la concesión, plazo en el que se podrían ajustar tarifas y reducir subsidios sin controles severos.
El decreto ya fue girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Fuentes oficiales indicaron que “se busca mejorar la eficiencia operativa y conseguir capitales privados para AySA”. Ex funcionarios y especialistas en políticas hídricas advirtieron que la medida expone a millones de familias del Conurbano bonaerense a cortes de agua, subas de tarifas y reducción de obras sin garantías de inversión obligatoria.
