Por Redacción
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría para el proyecto del Gobierno de Javier Milei que modifica el Régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa reunió 44 firmas y obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques aliados, a partir de una modificación clave: los funcionarios públicos quedaron excluidos de los beneficios del régimen. El proyecto será tratado en el recinto de la Cámara baja el 26 de agosto, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que también obtuvo dictamen.
El oficialismo necesitó del acompañamiento de los bloques dialoguistas que apoyan las iniciativas liberales de protección al capital. De este modo, el oficialismo pudo avanzar con la iniciativa y aceptó retirar del régimen a quienes ocupen cargos de jerarquía superior a secretario de Estado en los niveles nacional, provincial y municipal. La exclusión alcanza a legisladores, concejales, jueces y magistrados. El cambio se produjo en medio de los cuestionamientos que generó la inscripción del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa en el primer Régimen de Inocencia Fiscal, una situación que provocó críticas hacia el oficialismo.
El nuevo texto establece que los funcionarios alcanzados por esas categorías no podrán acceder al régimen de beneficios impositivos. La modificación permitió al Gobierno conseguir el dictamen con el respaldo de sectores de la oposición dialoguista, luego de la resistencia que generaba la posibilidad de que los integrantes del Estado quedaran incluidos.
Durante el plenario, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Ignacio Simonella, justificó la normativa que blinda a la oligarquía y sostuvo: “Para nosotros el proyecto, desde un punto de vista tributario y económico, complementa y mejora la ley vigente de Inocencia Fiscal y da respuesta a muchos de los puntos que, como profesión, entendíamos que debían aclararse para permitir el seguro asesoramiento profesional y la toma de decisiones por parte de los contribuyentes”.
Asimismo, reiteró la narrativa liberal y afirmó que el proyecto de ley liebrtario “fomenta la formalización de los ahorros que están atesorados y fuera del sistema, que al estar fuera del sistema son improductivos para los tenedores, pero también para la economía en su conjunto”. Simonella, señaló que “es importante destacar también que, si bien fomenta la formalización, no se está tratando de un blanqueo. No tiene las particularidades ni los alcances de un blanqueo”.
