Por Redacción
Con el objetivo de no perder protagonismo electoral, afianzar su núcleo duro de votantes, y reprimir a los pobres antes de ofrecer soluciones políticas y sociales, el Gobierno de Jorge Macri desplegó durante la última semana el operativo «Tormenta Negra» en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. La intrusión represiva se desarrolló en las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre. Vecinos, curas y representantes de organizaciones populares denunciaron que el despliegue policial fue violento y que terminó por afectar las condiciones de supervivencia de quienes viven y trabajan en esos territorios.
El despliegue represivo contó con más de 1.500 efectivos fuertemente armados de la Policía de la Ciudad, drones, móviles especiales y la participación de distintas áreas del Gobierno porteño. Los procedimientos incluyeron controles masivos, requisas, detenciones, clausuras y decomisos en los barrios populares, en un operativo que tuvo una fuerte exposición pública.
En este contexto, Macri justificó la persecución a los pobres al remarcar que «delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola. Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien».
El operativo involucró a la Policía de la Ciudad, Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, la Agencia Gubernamental de Control, el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad y el SAME. Desde el Gobierno porteño señalaron que este esquema forma parte de la política de seguridad y ordenamiento del espacio público que Macri impulsa desde diciembre de 2023, junto con el Operativo Muro y los dispositivos de saturación desplegados en Constitución, Retiro y Balvanera, en la zona de Once. Las cifras oficiales consignaron 27 personas detenidas por distintos delitos. El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad registró 14 detenciones y señaló que no contaba con información pública sobre la imputación judicial correspondiente a las otras 13 personas incluidas en la cifra oficial.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, aseguró que «se trata de un modo de entender la ciudad y el derecho a la ciudad con un abordaje racializante y con límites de clase. Es una política que decide qué cuerpos van a ser controlados por la policía, qué familias van a ser desalojadas sin garantías, qué personas deberán demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse y cuáles tienen que mostrar su documentación en las estaciones de trenes y subtes. La política porteña naturaliza que la principal y primera intervención del Estado en los barrios populares va a ser la policial».
Asimismo, aseguró que «la guerra contra los pobres habla de la pobreza en políticas públicas de la gestión actual de la ciudad. Y del solapamiento de un abordaje que se anuncia como control de actividades delictivas con la persecución de las estrategias de supervivencia. De este modo, la ciudad se fragmenta cada vez más. Los operativos espasmódicos y violentos no llevan orden a estos barrios, sino incertidumbre, abusos y show para las redes sociales. Cuando terminan los operativos y la policía se retira de estos barrios, no permanecen otras políticas públicas».
En tanto, legisladores y legisladoras de Fuerza Por Buenos Aires, afirmaron que «lo que hubo fue, ante todo, una operación de prensa, en horario central, donde se transformó a los barrios populares en un escenario propagandístico. Miles de vecinos y vecinas trabajan, estudian y se esfuerzan cotidianamente en condiciones de abandono que el Estado no termina de revertir. Precisamente por eso, garantizar su seguridad es una obligación que exige seriedad, eficiencia y respeto: no un espectáculo mediático».
Explicaron que «en términos de seguridad, el operativo fue un rotundo fracaso. Se desplegaron más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 barrios populares, una cantidad innumerable de patrulleros y vehículos policiales, y hasta un helicóptero sobrevolando determinadas zonas. Un gasto desproporcionado y sin ningún objetivo. Todo ello para detener a 27 personas, en muchos casos al azar. Un despliegue absolutamente inconsistente con cualquier objetivo de política criminal serio».
Los reclamos incluyeron el decomiso de herramientas de trabajo de cartoneros y chatarreros, el levantamiento con topadoras de puestos ambulantes y la remoción de espacios comunitarios utilizados para comer, brindar apoyo escolar y desarrollar actividades sociales. De esta manera, el operativo no quedó limitado a los delitos consignados por el Gobierno porteño y alcanzó actividades vinculadas con la subsistencia cotidiana de los habitantes de los barrios.
El despliegue se produjo dos días después de una misa realizada en Plaza Constitución, donde sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares habían puesto el foco en la trata de personas, la exclusión y las condiciones de vida en esos territorios. La celebración estuvo encabezada por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. En ese marco, el sacerdote reivindicó el trabajo digno y planteó la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Del mismo modo, mencionó la falta de integración sociourbana, la economía informal, la precarización laboral, el endeudamiento familiar y las dificultades vinculadas con la vivienda, la infraestructura, la electricidad, las cloacas y los desagües. Los sacerdotes reclamaron una mejor comunicación entre el Estado y los vecinos y señalaron el papel que pueden cumplir las escuelas, los centros de salud, los comedores, las capillas y las organizaciones barriales.
Para el CELS «estas no son políticas de prevención del delito, es racismo. Los barrios populares se vuelven cada vez más un espacio diferenciado, alejado de la calidad de vida del resto de la ciudad. Una política pública centrada en la saturación policial, que no reconoce las necesidades de quienes viven en los barrios populares, profundiza las desigualdades que debería trabajar por combatir».
Controles masivos, violencia policial y afectación de herramientas de trabajo y espacios comunitarios en territorios donde las principales demandas sociales están vinculadas con la vivienda, el trabajo y la integración urbana, demuestran que las políticas liberales están centradas en reprimir a los más pobres con el objetivo de disciplinarlos para que acepten su condición de subordinación. Hace tiempo, que el clan Macri, como estructura oligarca, le declaró la guerra a los más humildes y a los trabajadores, alienado con las políticas de Javier Milei.
