Por Redacción
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina difundió un pronunciamiento en el que reafirmó su compromiso con la memoria histórica, condenó toda forma de violencia institucional y llamó a consolidar una democracia asentada en la justicia social, la dignidad humana y el bien común.
En el documento «Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa», los sacerdotes pusieron el foco en el terrorismo de Estado desplegado entre 1976 y 1983 y advirtieron sobre los riesgos de banalizar ese período. Los obispos sostuvieron que la memoria debe ser completa, sin omisiones ni recortes, y remarcaron: «íntegra y luminosa».
«En estos días se cumplirán los cincuenta años de aquel 24 de marzo de 1976 que marcó, en un ambiente general de violencia, el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finalmente recuperamos la democracia. Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa». indicó la Comisión.
Del mismo modo, reconoció «la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos. Queremos ser Nación sigue siendo un anhelo y una oración con la cual imploramos la ayuda de Dios para poder hacer realidad esta meta que nos cuesta realizar, tanto ayer como hoy».
En tal sentido, la Comisión Episcopal, ratificó que «mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor».
Por otro lado, se interrogó: «¿Qué es lo que no podemos olvidar? El dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un «desaparecido», al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él. La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa».
Asimismo, afirmó que «la democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana. El desarrollo humano integral es, hoy, el nuevo nombre de los derechos humanos. Un desarrollo que abarque a todos porque mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices? «.
En es línea, la Comisión Episcopal enfatizó que «la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera, cuando no protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas. Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno».
La Iglesia advirtió que «vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles».
«Hoy como ciudadanos volvemos a decir: «Nunca más» a la violencia de la dictadura y «Siempre más» a una democracia justa. El sistema democrático se funda en una convivencia de hermanas y hermanos bajo el irrestricto respeto a la dignidad humana. Con sus ventajas y desafíos, la democracia siempre tendrá como axioma la custodia de la vida. Cualquier afrenta o violencia contra la dignidad de la persona es, en esencia, una agresión que destruye al sistema mismo. La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico», concluyó la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
