Por Redacción
Referentes sociales, políticos, agrupaciones socioambientales y culturales, se movilizaron el sábado pasado en el centro porteño contra la iniciativa libertaria que pretende modificar la Ley de Glaciares. El próximo miércoles 8 de marzo, en la Cámara de Diputados, el gobierno buscará avanzar sobre la normativa vigente dándole sanción definitiva al Proyecto de Ley. En ese marco, habrá una nueva marcha que se replicará en todo el país.
En este contexto, especialistas internacionales en glaciología y disciplinas vinculadas enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei, en un contexto de acelerado deterioro de estas reservas naturales. Alertaron que la modificación podría afectar el acceso al agua potable de más de 7 millones de personas y debilitar el sistema hídrico en distintas regiones del país.
Los expertos señalaron que los ambientes periglaciales cumplen un rol central en la regulación de cuencas y en la provisión de agua. La iniciativa oficial propone transferir la facultad de determinar qué áreas deben ser protegidas a las jurisdicciones provinciales, en lugar de mantener ese criterio bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Según los especialistas, ese cambio implicaría reemplazar criterios científicos por decisiones sujetas a intereses económicos.
Al mismo tiempo, señalaron que «la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”. Los especialistas subrayaron que “esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas».
Más de 100 mil personas se inscribieron en la audiencia convocada para discutir la reforma, lo que reflejó la magnitud de la preocupación social. El gobierno niega el impacto negativo de la normativa sobre los recursos nacionales, sin embargo, la evidencia lo refuta. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, Milei, negó el cambio climático y su impacto negativo en la calidad de vida de las poblaciones. Para los especialistas, esta Ley se inscribe en una marco que le da preferencia a los negocios por encima de los intereses nacionales.