Por Gustavo Ramírez El fondo del entramado que impulsa la reforma laboral dilucida la performance de una estructura política que sostiene la restitución del estatuto del coloniaje. El poder económico y político, diagramado por la oligarquía, apuesta a la desnacionalización de la matriz productiva en relación de subordinación con el capital financiero internacional y la alianza con el emergente frente oligárquico global representado por los multimillonarios tecno-políticos. El impulso jurídico pretende legalizar la recolonización ideológica del país, así como la disolución nacional.
Lo que se ataca, a través de la conformación de una estructura normativa, es a la identidad y a la conciencia nacional. La narrativa oficial presupone una arquitectura comunicacional que tiene como función instalar la propaganda del régimen liberal como un corpus de conocimiento irrefutable, universal y categórico. La reproducción mediática intensifica la acción pedagógica asentada en la pereza cognitiva que se esparce socialmente como sentido común.
Sin identidad nacional, el individuo queda reducido a su mínima expresión, sujeto a la pasividad social y encadenado al sentido común. De este modo, no logra distinguir lo que le pertenece de lo que le es efectivamente ajeno. Se invierte la valoración social y se malinterpreta el rol estructurante del trabajo. Así, el sacrificio personal sustituye al esfuerzo colectivo y la esclavitud adquiere sentido de virtud. En Argentina, existen trabajadores que confunden supervivencia con vida. Creen que tener tres trabajos está bien y que esa definición, en sí misma, le otorga un rango de supremacía moral por sobre el conjunto de sus compañeros. Al mismo tiempo, no se reconocen como clase trabajadora ni como argentinos.
La reforma laboral es parte del proceso de desnacionalización. Históricamente, el liberalismo y su brazo político, la oligarquía, obraron a favor del capital para subordinar la producción industrial nacional a los mandatos del capital extranjero y reducir así su injerencia política a una mínima expresión. Esa gestión pudo realizarse no solo en función de traiciones políticas internas, sino también en relación con un programa que instituyó la disolución de la cultura popular asentada en el trabajo. La idea de la Argentina como granero del mundo le dio fundamento a esta premisa, permitiendo el desmembramiento del sistema productivo.
La apertura a la libre economía desde la condición de país dependiente produjo un atraso significativo en lo que debería ser una real reforma de las condiciones materiales de producción y, al mismo tiempo, permitió la intrusión del capital extranjero en la dirección económica del país. Basta entender que Argentina no es dueña de su comercio exterior para dar cuenta de la dimensión que ha adquirido el impacto negativo de la naturalización de la desnacionalización de la cultura nacional.
Cargill, Dreyfus, ADM, Bunge y COFCO son apenas algunas de las empresas que drenan la riqueza que producen los trabajadores argentinos a sus arcas. Pero no solo tienen en sus manos el manejo discrecional de las riquezas, también asumen un posicionamiento geopolítico al dominar importantes terminales portuarias. No obstante, no se puede soslayar que una gran parte del manejo del comercio exterior está en manos del capital estadounidense.
En Davos, Milei reafirmó la condición dependiente de su programa político. Más allá de su declaración de principios, que se enmarcan en una severa confusión cognitiva y en el sobregiro ideológico, el libertario refrendó los principios oligárquicos impuestos tras la derrota de las fuerzas nacionales en la batalla de Caseros, en febrero de 1853. En realidad, lo que quiso ratificar es su rol como agente de la oligarquía y como sirviente de Estados Unidos.
El libertario sostiene su gesta ideológica confrontando con el fantasma del socialismo. Esto le permite reasegurar el vasallaje económico argentino al mismo tiempo que, a través del aparato político, intensifica la desnacionalización económica, cultural, social y política. Su retórica se evidencia perdida, pero en realidad la decisión es generar confusión para evitar discutir cuestiones de fondo que no está en condiciones de encarnar. Lo claro es que Milei no defiende los intereses nacionales porque aborrece al país y a su pueblo.
Sin épica, se embarca en una guerra fría contra ideologías que el concierto geopolítico ha superado. Su pretendida muerte de Maquiavelo denota su falta de comprensión ante la dimensión de los cambios acelerados que se propician en el escenario mundial. Del mismo modo, no parece comprender a su ídolo, Donald Trump. Es el republicano el mejor defensor del renacentista italiano, quien supo afirmar: “Surge de esto una cuestión: si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser las dos cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado”.
No obstante, la reforma laboral de Milei se inscribe en la restitución del estatuto del coloniaje en una edición aceleracionista y predeterminada por las relaciones geopolíticas de dependencia. Su imposición, si se suscribe el plan justificado por la intermediación de la democracia liberal, reditará el triunfo de Caseros y dejará la dirección política definitivamente en manos de la oligarquía.
La actual no es una crisis de representación —como nos quieren hacer creer los medios y los opinadores liberales y demoliberales—, es una crisis de identidad. El Ser Argentino, al menos en la concepción filosófica revolucionaria del justicialismo, estuvo representado históricamente por el pueblo trabajador. No es una mera expresión de lo popular, es la vindicación de la conciencia nacional. Es una noción ontológica, existencial, que reconoce lo propio desde la raíz de la cultura nacional con identidad definida por el propio pueblo organizado.
En este escenario, la intervención cultural del progresismo liberal entorpece el debate interno, obstaculiza el diagnóstico y reduce las cuestiones de fondo a dirimir cuitas ideológicas. Es en este orden que el régimen expande su acción biopolítica e impone una narrativa unidimensional donde se presenta como única opción posible. El ataque a la clase trabajadora y a sus organizaciones sindicales debe ser leído como la perseverancia de la subsistencia del programa oligárquico.
En Argentina, el pacto democrático no es más que el acuerdo liberal para agudizar la disolución nacional y la desnacionalización del conjunto social. Lo suscripto por Menem y Alfonsín, alineado con el contrato social estadounidense-europeo, consolidó la institucionalización de la interacción vertical del capital de dominación y, al mismo tiempo, debilitó todo rasgo de democracia social que pudiera subsistir en las bases populares.
Los gobiernos progresistas no tuvieron la decisión patriótica de romper la vocación de sometimiento que impusieron los enemigos del país. Por el contrario, una vez en el gobierno adoptaron modelos globales que destituyeron la cultura nacional a través de un esquema de pensamiento iluminista global, donde la clase trabajadora no tuvo protagonismo y el trabajo fue desplazado por el consumo. La causa nacional se ocultó debajo de la alfombra y el soberanismo se emparentó con las compulsas chovinistas de la “derecha”. La confusión no es casual, sino dirigida. En Argentina, lo que se conoce como derecha es la oligarquía y siempre fue antinacional.
El progresismo se desgranó en un proyecto de desarrollo que se imbricó con el pacto social; en esa concepción, la clase trabajadora es subalterna. Hernández Arregui afirmó que “el ‘desarrollismo’ es una asociación de la burguesía colonial, débil y cobarde, con los monopolios, presentados, en su alianza, como Nacionalismo Popular”.
En Argentina, la dirigencia política nunca respondió a la pregunta de fondo: “¿Para quién trabaja el pueblo argentino?” (Scalabrini Ortiz). La respuesta a esta pregunta conduciría a la progresía liberal a confrontar con el establishment político-económico y a reencauzar la causa nacional, valga el juego de palabras. A los liberales, por otro lado, los llevaría a confrontar con los argumentos que exponen para justificar sus ataques a la nacionalidad y al trabajo.
La actual no es una crisis de representación —como nos quieren hacer creer los medios y los opinadores liberales y demoliberales—, es una crisis de identidad. El Ser Argentino, al menos en la concepción filosófica revolucionaria del justicialismo, estuvo representado históricamente por el pueblo trabajador. No es una mera expresión de lo popular, es la vindicación de la conciencia nacional. Es una noción ontológica, existencial, que reconoce lo propio desde la raíz de la cultura nacional con identidad definida por el propio pueblo organizado.
¿Para quién trabaja el pueblo argentino? No es solo una pregunta política, es ontológica. El pueblo trabajador es el que genera la riqueza del país que se lleva el capital. En tal sentido, el trabajo argentino es esencial para la conquista de la Justicia Social. Es por eso que Milei lo combate; basta recordar que para él esa justicia es una aberración.
Evita aseguró que donde están los trabajadores está la Patria. Si el trabajador es la Patria y la decisión es atacar permanentemente a su organización (sindicatos-CGT), lo que se compone es una estructura de sumisión al coloniaje, que pretende, por medio de un entramado jurídico, legalizar la recolonización y la disolución nacional. Entonces, la reforma laboral no se restringe al debate jurídico normativo: implica una lucha existencial entre la patria y la antipatria.
