Por Redacción
La CTA Autónoma dio a conocer en las últimas horas el informe Respuestas Represivas, donde señaló que el Ministerio de Seguridad de la Nación es el principal responsable de la represión en 52 protestas callejeras ocurridas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. En ese período, las fuerzas federales hirieron al menos a 2.382 personas y detuvieron a 229 manifestantes en distintos puntos del país.
A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 103 represiones estatales contra la protesta social que dejó a 2.615 personas heridas y 363 detenidas. El informe indicó que la violencia estatal incluyó consecuencias irreversibles, con episodios letales y de extrema gravedad. Entre ellos mencionó el asesinato de Facundo Gómez en Salta, ocurrido en diciembre de 2024, el caso de Pablo Grillo en marzo de 2025 y al menos cinco manifestantes que perdieron la visión de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por fuerzas de seguridad.
El análisis comparativo mostró una escalada durante 2025. Mientras que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, en los primeros diez meses de 2025 se contabilizaron 53 hechos represivos y 1.452 heridos, una cifra que superó el total anual anterior y marcó un aumento cercano al 25% en un período más corto.
El monitoreo advirtió, en paralelo, un avance sostenido de la criminalización de la protesta social. Desde el inicio del actual gobierno hasta octubre de 2025 se registraron 491 detenciones de manifestantes o integrantes de organizaciones del campo popular. La tendencia resultó creciente durante 2025, con 321 detenciones en diez meses, lo que representó un incremento del 88% respecto de las 170 detenciones registradas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. De ese total correspondiente a 2025, 246 detenciones, equivalentes al 77%, se produjeron en el marco de represiones directas.
El informe señaló que esta política se agravó por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales. La central sindical mencionó casos ocurridos en Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes permanecieron privados de su libertad durante períodos extensos sin causa justificada, una práctica que calificó como violatoria de garantías constitucionales.
El documento se difundió una semana después de que la Justicia Federal resolviera frenar el protocolo represivo aplicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra las protestas sociales. El tribunal consideró que el esquema impulsado por Patricia Bullrich constituía un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”. Pese a ese fallo, el Gobierno nacional apeló la medida con el objetivo de mantener vigente su accionar.
La CTA Autónoma sostuvo que el freno judicial al protocolo represivo resulta determinante frente a las protestas en curso por despidos, recortes salariales y jubilatorios, defensa de los recursos naturales, rechazo a la reforma laboral y acciones de solidaridad con otros pueblos.
