Por Redacción
El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a suspender cualquier acción derivada del decreto 462/25, que pretendía intervenir el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La resolución surgió a raíz de un amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció la ilegalidad del decreto y defendió la estabilidad laboral de sus afiliados.
La jueza federal Martina Isabel Forns firmó el fallo y sostuvo que se cumplen los requisitos procesales para dictar la medida cautelar que suspende actos administrativos relacionados con el decreto presidencial. La magistrada argumentó: «Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada, relativa a que la demandada se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto PEN N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».
Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, remarcó. «Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder». Por otro lado, también se refirió al Ministro de Desregulación, al respecto expresó: «Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos».
El amparo presentado por ATE argumentó la ilegitimidad de cualquier intento por disolver, transformar o intervenir el INTI. Denunció que dichas acciones carecen de respaldo legal y violan principios constitucionales fundamentales, tales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad en el empleo público.
El fallo judicial representa un freno a las políticas del Ejecutivo que pretendían modificar la estructura del INTI. Con esta resolución, la Justicia protege al organismo y a sus trabajadores e impide que el Gobierno lleve adelante cambios que afectan la estabilidad laboral y el funcionamiento del instituto.
