*Por Guadi Calvo
Aunque hayamos olvidado la guerra civil que incendia Birmania desde el primero de febrero de 2021, eclipsada por conflictos de mayor gravitancia internacional, como la que la OTAN le ha declarado a Rusia en Ucrania o la que Estados Unidos e Israel llevan a cabo en Medio Oriente para exterminar la resistencia en Palestina, Irán y Líbano, las operaciones del Tatmadaw, el ejército birmano, continúan contra el poderoso abanico de milicias regionales, que, con diferentes sesgos ideológicos y propósitos, combaten, en algunos casos, al gobierno central desde hace décadas.
El conflicto, en el que se estima que ya han muerto cerca de 100 mil personas, aunque es difícil de verificar ese número por las condiciones geográficas donde se libra —espesas junglas y terrenos quebrados—, parece haberse encajonado en un punto donde todos han cruzado la línea del no retorno, aunque tampoco parece que nadie esté en condiciones de avanzar mucho más de eso, ya que ninguna de las partes cuenta con la potencia suficiente para alcanzar una victoria, por lo que deben conformarse con avances y retrocesos insustanciales.
Por lo que, a cinco años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, todos los jugadores continúan enredados dentro del propio juego de alianza de milicias antigubernamentales, en las que cohabitan rivalidades étnicas, religiosas, ideológicas y territoriales, abarcando también diferentes intereses geopolíticos, en contraposición a un modelo de integración territorial heredado de la larga presencia colonial británica (1824-1947), que, si alguna vez funcionó, también hace décadas que se ha agotado, ya que jamás fue una nación homogénea, sino que unificó a la fuerza decenas de pueblos, religiones y lenguas e incluso religiones. En el país han debido coexistir la mayoría étnica bamár con karen, kachin, chin, shan, mon, kayah, rakáin y muchos otros, que hoy, cada uno de ellos, con mayor o menor poder de fuego, cuenta con milicias armadas.
Lo que comenzó como un levantamiento contra los militares ha pasado a ser una profunda crisis del Estado birmano, que amenaza con una posibilidad concreta de balcanización. La junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing se ha convertido casi en una fuerza de ocupación, no solo dentro de la ciudad de Naypyidaw, una verdadera ciudad fantasma con una población que no llega al millón de habitantes, construida a imagen y semejanza del Tatmadaw, desproporcionada en su tamaño. La que fue declarada capital en 2005 por la junta militar de entonces, porque en Birmania, no importa cuándo, desde su independencia siempre hubo una junta militar que dispuso a su arbitrio absolutamente de todo.
Mientras que hacia el interior del país los militares controlan las grandes ciudades, gracias a que conservan la superioridad aérea. Más allá de esos centros urbanos, la realidad es diferente a la que pretenden mostrar a la opinión pública local e internacional. Principalmente en las áreas fronterizas, la presencia estatal se ha ido diluyendo, donde los grupos armados han pasado a controlar no solo el territorio en el que operan, sino que además han pasado a controlar la administración de justicia, el cobro de impuestos y el control del comercio, entre otros atributos gubernamentales.
En 2021, los militares repitieron el error que vienen cometiendo desde 1962, cuando realizaron el primer golpe de Estado. Desde entonces se convirtieron en un Estado paralelo dentro del Estado, desde donde dictan, más allá de cualquier Constitución, las normas con que se han manejado siempre los más de cincuenta millones de birmanos. Aunque esta última experiencia provocó lo inesperado: miles de ciudadanos, sin importar la edad ni su condición, pasaron a incorporarse a las milicias preexistentes al último golpe o se conformaron en una nueva organización armada, las Fuerzas de Defensa Popular, que orbitan bajo el control del gobierno civil en el exilio autodenominado Gobierno de Unidad Nacional.
Bajo la denominación de Operación 1027, distintas organizaciones insurgentes iniciaron una ofensiva simultánea en el norte del país, consiguieron tomar bases militares, pasos fronterizos y ciudades estratégicas. Más allá de esto, la junta militar consiguió sobrevivir y pasó a una ofensiva en la que no se escatiman los abusos a los derechos humanos de la comunidad civil.
Una nueva fase para la misma guerra
A base de bombardeos aéreos, ataques con drones y la utilización de artillería pesada contra poblaciones civiles, el Tatmadaw ha conseguido desgastar posiciones de los insurgentes, en un intento de recuperar el control territorial en áreas que desde hace largos meses había perdido, para evitar que la insurgencia no solo se consolide militarmente, sino que también lo haga políticamente, estableciendo administraciones permanentes por las que pueda reclamar en tribunales internacionales.
China, que no solo por proximidad comparte con Birmania una frontera de más de dos mil kilómetros, sino también por las importantes inversiones en infraestructura (oleoductos, gasoductos, corredores comerciales, rutas y trenes vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda) cercanas a los 20 mil millones de dólares, es el principal jugador externo en el país. Esta guerra complica sus planes, más allá de que ha conseguido establecer cierto equilibrio pactado no solo con la junta militar, sino también con algunas milicias que controlan territorios que le interesa preservar a Pekín. Por lo que lo fundamental para el gobierno de Xi Jinping es evitar el colapso total del Estado, que pueda desestabilizar la frontera y amenazar sus inversiones.
En este contexto, India también enfrenta una disyuntiva similar, ya que los estados del nordeste indio, a lo largo de la historia, han mantenido fuertes vínculos comerciales basados en comunidades que se establecieron en esas áreas mucho antes de que las actuales fronteras fueran trazadas y terminaran separándolas. Por este motivo, Nueva Delhi ha decidido mantenerse atenta a esos casi 1.700 kilómetros que comparte con su vecino.
