Por Redacción
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que la pobreza alcanzó al 30% de la población y la indigencia llegó al 6,5% durante el primer trimestre de 2026. El relevamiento registró un incremento respecto del último tramo de 2025, cuando ambos indicadores habían mostrado un descenso según la medición por ingresos. El estudio señaló que, entre el tercer trimestre de 2025 y los primeros tres meses de 2026, unas 1,3 millones de personas pasaron a encontrarse en situación de pobreza.
La evolución estuvo vinculada al deterioro de los ingresos y a las dificultades del mercado laboral para sostener la recuperación del poder adquisitivo. Los datos elaborados por el ODSA a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ubicaron a Concordia como el aglomerado urbano con mayor nivel de pobreza, con el 52,5% de su población. Luego se ubicaron Gran Resistencia, con el 49,7%; Posadas, con el 42,6%; Gran Santa Fe, con el 39,7%; y Corrientes, con el 38,4%. En el caso de la indigencia, Gran Resistencia registró el porcentaje más elevado, con el 24,3%. Le siguieron Concordia, con el 11,2%; Posadas, con el 10,7%; Gran Santa Fe, con el 10,4%; y Corrientes, con el 9,1%.
El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, explicó que la suba de los indicadores estuvo relacionada con la diferencia entre la evolución de los precios y los ingresos: “Mientras la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6% y la Total subió 9,6%, el índice salarial total creció apenas un 8,6%. En tanto, los salarios registrados crecieron aún menos (7%)”.
El especialista sostuvo que el empleo perdió capacidad como herramienta para reducir la pobreza debido al crecimiento de la informalidad laboral y a que un puesto de trabajo registrado no garantiza, por sí solo, superar la línea de pobreza. Salvia agregó que la recuperación de los ingresos tuvo una distribución menos favorable, con menor actividad económica y una pérdida de capacidad protectora de las transferencias sociales como jubilaciones, pensiones y asignaciones.
