Por Redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el denominado “Cártel de los Soles”, cuya jefatura había sido atribuida al presidente venezolano Nicolás Maduro, no constituye “una organización criminal real”. A partir de esa admisión, la Justicia Federal retiró la imputación que lo señalaba como líder de una estructura narcoterrorista y reformuló de manera sustancial el expediente que tramita en el Distrito Sur de Nueva York.
Según consta en las presentaciones judiciales, la caracterización del “Cártel de los Soles” como organización terrorista se apoyó en “un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico”. La falta de sustento jurídico obligó a desarmar el eje central de la acusación original.
Ante la imposibilidad de sostener que Maduro encabezaba una organización inexistente, los fiscales estadounidenses mantuvieron cargos por una presunta conspiración vinculada al financiamiento del narcotráfico. En ese nuevo marco, la causa dejó de hablar de un cártel para describir “un sistema clientelar” y “una cultura de corrupción” nutrida por recursos ilícitos.
En cuestión de horas, la acusación cambió de forma decisiva. El ex mandatario venezolano ya no aparece señalado como líder de un cártel narcoterrorista, rótulo reiterado durante años por el ex presidente Donald Trump antes y después del ataque contra Venezuela. En su reemplazo, la decisión judicial sostiene que las ganancias del narcotráfico y la protección de socios “fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos” bajo un esquema de clientelismo dirigido “por aquellos en la cima”.
Mientras el expediente se reconfigura, el discurso político de Trump mantiene una línea inalterable: la pretensión de control sobre el petróleo venezolano. A lo largo de las últimas décadas, la invocación de la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico funcionó como justificación recurrente de intervenciones estadounidenses en países con recursos estratégicos codiciados.
La revisión judicial se conoció pocos días después del secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrido el 3 de enero en circunstancias que permanecen sin esclarecimiento pleno. El hecho fue denunciado por decenas de países —entre ellos Rusia, China, España, Brasil y Sudáfrica— como violatorio del Derecho Internacional, y calificado como inconstitucional por legisladores venezolanos tanto del oficialismo como de la oposición.
En la primera audiencia celebrada este lunes en Nueva York, el propio Maduro fijó posición. El presidente venezolano declaró: “Soy un prisionero de guerra”. Al mismo tiempo, rechazó de manera categórica las imputaciones y reafirmó su legitimidad institucional al sostener: “Soy el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela”. En ese mismo acto, denunció que su detención constituye una violación flagrante del derecho internacional.
El caso quedó en manos del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y con jurisdicción en el Distrito Sur de Nueva York. Magistrado de perfil poco convencional, construyó una reputación de independencia frente a los distintos gobiernos estadounidenses. En años recientes falló contra decisiones de la administración Trump, entre ellas en causas vinculadas a Stormy Daniels y a la Ley de Enemigos Extranjeros.
Abogados que litigaron ante su tribunal lo describen como un juez al que “le importa un bledo lo que piensen de él”, que imprime ritmo acelerado a los juicios para evitar dilaciones y que no duda en contactar de forma directa a los fiscales para precisar aspectos del expediente. En ese escenario, la causa contra Maduro ingresó en una etapa marcada por el reconocimiento explícito de que el principal andamiaje acusatorio difundido durante años carecía de existencia real.
