Por Redacción
La Confederación General del Trabajo confirmó en las últimas horas que la situación financiera del sistema de obras social vive una crisis grave. El informe, presentado por José Luis Lingeri, Secretario de Acción Social, expuso que distintas organizaciones sindicales atraviesan un estado «terminal» ante la imposibilidad concreta de brindar servicios de asistencia básica.
En tal sentido, la conducción de la CGT explicó que «hay obras sociales que han sido dadas de baja (Ind. Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dir. Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros».
Del mismo modo, Lingeri señaló que «un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia atención médica con un porcentaje del salario (9% del salario) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura».
En el informe de situación de las Obras Sociales, la CGT precisó: «Actualmente el promedio de recaudación de nuestro sistema, está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales».
De acuerdo al relevamiento realizado por el grupo técnico y de profesionales, especialistas en obras sociales de la Central, para marzo de 2026 el costo del plan médico obligatorio estaría en 85.000 per cápita. Esta cifra, se ubica un 25% por sobre la recaudación del sistema. La CGT afirmó que más de 11 millones de beneficiarios, el 78,5% del padrón no recaudan lo primordial para financiar «el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO».
Lingeri aseveró que «para poder continuar con la prestación de servicios; la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos». En esa línea, el dirigente precisó que «paralelamente, se reciente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados».
Otro de los problemas que produjo la crisis actual es el acceso a los medicamentos. En este marco, la CGT señaló que «entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la reducción de la capacidad de compra de medicamentosa, se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad».
Por otro, lado, la incorporación al sistema de trabajadores monotributistas representa un aporte de 20.000 pesos, lo que equivale a un 290% menos del costo de PMO: «A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía, presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo, al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios».
Otro de los puntos sensibles tiene que ver con los jubilados. La CGT aclaró que «hoy el PAMI nos transfiere $ 48.269 per cápita. Este valor resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($ 159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que, por esa diferencia, no contra presta ningún servicio».
El contexto se agudiza si se tiene en cuenta que ya no se solicita autorización previa para la realización de prácticas programadas. En esta línea, Lingeri destacó que «en el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro».
La CGT resaltó que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) distribuye subsidios automáticos que, lejos de corregir las asimetrías del sistema, las profundizan. El mecanismo central de ese reparto —el SUMA, o subsidio de mitigación de asimetrías— entrega en este contexto 2.380 pesos por beneficiario sin distinción: recibe lo mismo una obra social de bajos recursos que OSDE o Swiss Medical, entidades que concentran los mayores niveles de recaudación del sector.
El SUMARTE, orientado a monotributistas, distribuye 7.955 pesos por afiliado, mientras que el SUMA 65 abona 48.269 pesos por cada mayor de 65 años. Esos fondos provienen de los propios aportes y contribuciones de los trabajadores, lo que implica que el alivio que ofrecen es parcial: atenúan la situación de los beneficiarios, pero no atacan la raíz del problema.
En este contexto, Lingeri expuso que el Fondo Solidario de Redistribución enfrenta un deterioro severo. Más del 75% de sus recursos se destina al financiamiento de prestaciones por discapacidad, cuyo volumen de pacientes creció de manera sostenida en los últimos años. Los pagos de integración por ese concepto se reciben con regularidad, aunque esa continuidad no alcanza para compensar la sangría estructural del fondo.
A ese escenario se suma el impacto del último decreto de necesidad y urgencia, que recortó cinco puntos porcentuales los aportes sobre los salarios más altos: del 20% al 15%, nivelando hacia abajo la contribución de quienes más ganan. La medida redujo aún más los ingresos del fondo y agravó un desfinanciamiento que ya comprometía su sustentabilidad.
El informe elaborado por los equipos técnicos de la CGT evidenció que la política de ajuste del gobierno de Milei, representa un ataque sistemático a la calidad de vida de los trabajadores. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la ruptura del sistema productivo con sus consecuentes despidos, la precarización laboral y la destrucción del sistema de salud, ratifican que no es el liberalismo el que ha de mejorar la vida de millones de argentinos.
