Por Redacción
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que respondió formalmente la intimación cursada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentó las contestaciones vinculadas a las observaciones contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023. La entidad difundió su posición tras las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo.
En un nuevo capítulo de la avanzada liberal con la AFA, la conducción de la entidad resolvió brindar aclaraciones dirigidas a sus asociaciones afiliadas y a la opinión pública, «con base en documentación administrativa y actos oficiales verificables», indicaron fuentes de la entidad. Asimismo, rechazó las afirmaciones que sostienen que el cambio de jurisdicción fue irregular o realizado sin información previa. Explicó que la decisión fue adoptada en una Asamblea y que el acto fue fiscalizado por veedores designados por la propia IGJ. La organización aclaró que el acta correspondiente se encuentra disponible en registros públicos.
La asociación recordó que el pasado 7 de noviembre de 2024 la IGJ emitió el Certificado de Vigencia por Cambio de Jurisdicción, requisito indispensable para completar la inscripción en la Provincia de Buenos Aires. En ese documento, el organismo dejó constancia de que la AFA se encontraba al día con la presentación de balances y documentación postasamblearia, sin medidas cautelares vigentes, explicaron desde la entidad.
Del mismo modo, señaló que el 15 de noviembre la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires aprobó e inscribió el cambio de jurisdicción, fijando como nueva sede social Mercedes 1366, partido de Pilar. El 22 de noviembre, ese organismo notificó formalmente a la IGJ la inscripción realizada. Desde la AFA sostuvieron que esa secuencia administrativa demuestra que la IGJ conoció, intervino y certificó el proceso desde su inicio.
La entidad aseguró que el procedimiento de cambio de jurisdicción contempla, en una etapa posterior, la finalización de trámites en la jurisdicción de origen. En ese marco, la AFA señaló que nunca negó la existencia de actuaciones pendientes ante la IGJ y que esa situación fue informada a sus socios durante la Asamblea del 28 de octubre de 2025.
Durante 2025, según indicó la asociación, se respondieron de manera progresiva las vistas formuladas por el organismo en el trámite de reforma estatutaria, cuya inscripción permanecía pendiente. La AFA negó que el cambio de jurisdicción haya tenido como finalidad eludir controles o evitar observaciones administrativas.
La AFA afirmó que presentó en tiempo y forma todos los balances correspondientes a los ejercicios cerrados entre 2017 y 2024. En ese período, solo una vista fue notificada de manera fehaciente: la vinculada al balance cerrado el 30 de junio de 2017, notificada el 26 de diciembre de ese año y respondida el 9 de enero de 2018. Según la entidad, las restantes vistas mencionadas públicamente por el Inspector General no fueron notificadas conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, requisito indispensable para que exista obligación de respuesta.
En relación con los balances de 2017, 2018 y 2019, la AFA indicó que las vistas fueron emitidas el 2 de febrero de 2021, tras períodos prolongados de inactividad administrativa. En algunos casos, el organismo demoró más de tres años en dictar una primera providencia. Esos expedientes luego fueron archivados sin fundamento, siempre según la reconstrucción realizada por la asociación.
Respecto de los ejercicios 2020 a 2023, la organización indicó que hubo demoras superiores a 300 días hábiles en la emisión de observaciones, que tampoco fueron notificadas de manera válida. La AFA indicó que, al revisar los expedientes, detectó irregularidades formales, como falta de foliado, documentación parcial y vistas firmadas por funcionarios sin competencia aparente, situaciones que fueron certificadas ante escribano público y denunciadas en las presentaciones realizadas. La Asociación sostuvo que recién el 5 de enero de 2026, tras la intimación reciente y las declaraciones públicas, se presentó en los expedientes para notificarse de manera espontánea y responder todas las observaciones invocadas.
Entre 2017 y 2024, la AFA obtuvo múltiples certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ. En todos ellos, el organismo dejó constancia de que la entidad se encontraba al día con la presentación de balances y documentación exigida. El último certificado, emitido el 6 de noviembre de 2024, reiteró esa situación. Desde la AFA señalaron que esos actos administrativos contradicen las afirmaciones actuales sobre supuestos incumplimientos históricos.
En su descargo, la AFA, recordó que la IGJ no posee facultades para aprobar o desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios, y que su rol se limita al control de legalidad formal. En la actualidad, la AFA se encuentra bajo fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de la finalización de trámites iniciados con anterioridad al cambio de jurisdicción.
Del mismo modo, negó de manera categórica haber incumplido obligaciones ante la IGJ y rechazó las declaraciones atribuidas al organismo. En tal sentido, la AFA indicó: «Lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta».
A través de un comunicado, la Asociación aseguró que «insólitamente, el Inspector General ha filtrado y divulgado en entrevistas periodísticas información contenida en los balances de la AFA, datos que forman parte de expedientes administrativos y que se encuentran protegidos por deberes de reserva, confidencialidad y custodia. Esta conducta no solo resulta incompatible con las obligaciones legales del Organismo, sino que confirma la utilización indebida de información administrativa con fines ajenos a la función de control y en clara línea con la presión pública que se intenta ejercer sobre la AFA».
«La AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento», remarcó la entidad encargada del fútbol argentino.
Por último, destacó: «Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control».
