Por Redacción
Impulsado por el Senador Mariano Recalde y de la diputada Raquel “Kelly” Olmos, el peronismo se encuentra abocado a la preparación de un proyecto legislativo que se opone a la Reforma Labora propuesta por el Gobierno de Javier Milei. La propuesta justicialista tiene como ejes centrales la recomposición salarial, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de derechos y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Fuentes legislativas indicaron que la propuesta se dará a conocer en los próximos días, en paralelo al avance del oficialismo con su propia agenda legislativa. En este contexto, el peronismo plantea paritarias libres, sin techo ni condicionamientos, y cuestiona el accionar de la Secretaría de Trabajo, que se niega a homologar acuerdos salariales por encima de la pauta inflacionaria fijada por el Gobierno nacional. En tal sentido, el proyecto devuelve centralidad al Consejo del Salario y establece que el salario debe abonarse íntegramente en dinero, en rechazo a la posibilidad de pago en especie que impulsa La Libertad Avanza.
La regulación del trabajo en plataformas digitales ocupa otro capítulo clave del proyecto. El proyecto propone reconocer formalmente la relación laboral mediante la presunción de dependencia y exige la apertura de los algoritmos que definen la asignación de tareas, penalizaciones y bloqueos. Para ese sector, se garantizan vacaciones pagas, provisión de elementos de seguridad, cobertura por accidentes y el derecho a conectarse y desconectarse sin sanciones.
La iniciativa incorpora la ampliación de las licencias por paternidad, una discusión pendiente dentro del sistema laboral argentino. Desde el peronismo aclararon que la extensión no implica costos para las empresas, ya que el financiamiento queda a cargo de la ANSES, bajo el mismo esquema que rige para las licencias por maternidad. En materia de tiempo de trabajo, el proyecto impulsa una reducción gradual de la jornada laboral, con un primer objetivo de siete horas diarias o 42 semanales.
La propuesta toma como referencia experiencias recientes en Chile, Colombia, México y países europeos, con el argumento de mejorar la calidad de vida, elevar la productividad y generar empleo. Para quienes desarrollan tareas remotas o híbridas, el texto refuerza el derecho a la desconexión y el respeto por los tiempos de descanso.
El borrador incluye un bono anual de participación en las ganancias empresarias, un derecho previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que nunca se aplica de manera generalizada. Durante el debate en comisión, el senador Mariano Recalde afirma que “los trabajadores tienen más interés en que a las empresas les vaya bien” y sostiene que esta herramienta permite que los salarios evolucionen “hacia arriba y no hacia abajo”.
Mientras el oficialismo asegura contar con los votos para aprobar la reforma laboral en general en el Senado, la CGT define su estrategia de resistencia y descarta cualquier negociación abierta con el Gobierno. En una entrevista reciente, el co-titular de la Central Obrera, Jorge Sola, afirmó: “No hay invitación, el picaporte sigue cerrado”, en referencia a una eventual mesa de diálogo.
El triunvirato de la CGT advirtió que «la responsabilidad de votarla como está será de los legisladores”, y agregó: “Nuestra propuesta es clara: este proyecto así como está, tratado entre gallos y medianoche de manera forzada, no funciona. ¿Por qué no nos sentamos y discutimos un proyecto en el que seamos parte todos: el sector político, el sector empresarial y el sector de los trabajadores?”. Al mismo tiempo, el dirigente sindical adelantó que si el Gobierno insiste en este proyecto habrá pargo general.
