Por Redacción
La Secretaria General de Conadu, Clara Chevalier, explicó que «el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres». Asimismo, agregó que «estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida. Esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares».
En tanto, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, manifestó que «el Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo».
El Secretario Adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, indicó que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional «es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país».
Las organizaciones sindicales que integran el rente, le solicitaron a la CIDH que emita una comunicación dirigida al Estado argentino para advertir sobre la presunta incompatibilidad de la reforma con los estándares interamericanos de derechos humanos. La abogada Mariana Amartino pidió que ese pronunciamiento sea remitido a los tribunales nacionales como referencia para la interpretación del derecho. Del mismo modo, reclamó que el organismo internacional declare incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos la derogación del Estatuto del Periodista y solicitó una visita de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) para evaluar el impacto de las medidas sobre los derechos laborales en Argentina.
