Por Redacción
Finalizado el 2025 y al cumplirse dos años del gobierno libertario, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz presentó el informe Ganadores y Perdedores del Modelo de Milei. En tal sentido, se evidenció que los sectores más favorecidos por las políticas de la administración liberal fueron las grandes empresas y los sectores exportadores. En tanto, los más perjudicados resultaron ser los trabajadores públicos, los jubilados y las provincias y los sectores dedicados a la producción en el mercado interno.
Entre 2024 y 2025, la actividad agropecuaria creció 17,1%, impulsada por mejores condiciones climáticas y un esquema impositivo más favorable. En el mismo período, Minas y Canteras avanzó 16,1%, traccionada por la maduración de inversiones previas y por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que reforzó los beneficios regulatorios para el sector.
En contraste, las actividades ligadas al mercado interno sufrieron retrocesos sostenidos. En el promedio de 2024 y 2025 respecto de 2022 y 2023, la Construcción cayó 15,8%, la Industria Manufacturera retrocedió 10,3% y el Comercio disminuyó 6,1%, afectado por la retracción del consumo y por la expansión del comercio electrónico. El freno a la obra pública y la apreciación cambiaria, combinada con la apertura importadora, explicaron buena parte de este desempeño negativo.
La reconfiguración de los precios relativos profundizó la pérdida de poder adquisitivo. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, los mayores aumentos reales se registraron en Vivienda, Agua, Electricidad y Gas, con una suba de 71%, seguidos por Educación, con 47%, y Comunicación, con 34%. En sentido opuesto, los precios de los Alimentos cayeron 10% en términos reales, la Indumentaria retrocedió 24% y el Equipamiento del hogar 22%, una señal directa de la debilidad del consumo masivo y del impacto de los productos importados.
El deterioro del empleo registrado fue uno de los efectos más visibles del ajuste. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, la Construcción perdió 50.800 puestos formales y la Industria 46.100. A nivel territorial, las mayores caídas se concentraron en la provincia de Buenos Aires, con 53.000 empleos menos, la Ciudad de Buenos Aires, con 29.300, Córdoba, con 10.600, y Santa Fe, con 10.400. Neuquén fue la excepción, con un crecimiento de 4.400 puestos, vinculado al auge de la actividad energética. El empleo total logró sostenerse mediante la expansión de la informalidad, que sumó alrededor de 300.000 trabajadores en dos años.
Los ingresos fueron otro de los ejes centrales del ajuste. Los salarios del sector público registraron una caída real del 14% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Los jubilados que perciben la mínima acumularon una pérdida del 8% real entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, afectada por el congelamiento del bono en 70.000 pesos, una decisión que impactó sobre más de cuatro millones de beneficiarios.
El ordenamiento fiscal se apoyó de manera predominante sobre el gasto social, la inversión pública, la educación y las provincias. Entre 2023 y 2025, el gasto de capital se redujo 79,7%, las transferencias a las provincias cayeron 64%, los subsidios económicos bajaron 54,2%, el financiamiento a las universidades nacionales se contrajo 40% y los salarios públicos retrocedieron 30%. Por su peso en el presupuesto, las Prestaciones Sociales explicaron el 26% del ajuste total, con jubilados y pensionados como la principal variable de reducción del gasto.
El informe del CESO precisó que «el peso principal del ajuste recayó sobre las Prestaciones Sociales, que explican el 26% del total del esfuerzo fiscal. Dentro de este rubro, jubilados y pensionados concentraron la mayor parte del ajuste, representando el 7,7% del total». Asimismo, añadió que «este resultado explica el deterioro en términos reales de las jubilaciones mínimas —haber mínimo más bono— a lo largo del período, teniendo en cuenta que este universo abarca a más de cuatro millones de jubilados y pensionados».
Por otro lado, señaló que «la obra pública constituye el segundo componente en importancia dentro del ajuste, explicando el 21,4% del total. Le siguen los subsidios económicos (19%), el empleo público (13,6%), y, en menor medida, las transferencias corrientes a Provincias y Universidades, que explican el 8% y el 5% del ajuste, respectivamente».
En este contexto, el CESO concluyó que «las proyecciones contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026
refuerzan la lectura de que el esquema de ajuste fiscal no solo no se revierte, sino que se consolida en el mediano plazo. Si bien el Presupuesto prevé un aumento real del gasto público respecto a 2025 (en base a variables macroeconómicas proyectadas bastante dudosas como una inflación anual del 10,1% y una recuperación de la recaudación tributaria real del 11%), dicho incremento resulta claramente insuficiente para compensar el fuerte ajuste acumulado durante el bienio 2024–2025″.
