Por Redacción
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este viernes que las fuerzas de seguridad israelíes desplazaron por la fuerza a toda la población palestina de los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, y mantienen medidas que impiden su regreso, una situación que podría constituir el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso.
En el informe, la ONU señaló que la operación militar israelí «Muro de Hierro», iniciada en enero de 2025, provocó la destrucción o daños en cientos de viviendas, afectó infraestructura esencial y dejó sin acceso regular al agua y la electricidad a sectores de la población. La ofensiva incluyó ataques aéreos, excavadoras blindadas, explosiones controladas y operativos puerta a puerta que obligaron a los habitantes a abandonar los campamentos.
Frente a este escenario, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró: «La forma en que se llevó a cabo la operación sugiere que su objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos y dar paso a más asentamientos israelíes ilegales, violando una vez más el derecho internacional».
La Oficina sostuvo que la magnitud, la duración y el carácter sistemático del desplazamiento generan serias preocupaciones sobre la posible comisión de un crimen de lesa humanidad. El organismo internacional, a través de sus voceros, afirmó que la destrucción de viviendas e infraestructura, junto con las medidas destinadas a impedir el retorno, podría constituir una violación del derecho internacional y generar preocupaciones por una posible limpieza étnica.
Según el informe, se desprendió del informe, en octubre de 2025 más de la mitad de las edificaciones de Yenín habían sido destruidas o dañadas. En Nur Shams la proporción alcanzaba el 48 por ciento y en Tulkarem el 36 por ciento. Para julio de 2026, más de 33.000 refugiados palestinos originarios de esos tres campamentos continuaban desplazados por la fuerza, de acuerdo con datos de la UNRWA. La investigación registró 102 palestinos asesinados por las fuerzas israelíes durante el período analizado, entre ellos 21 niños. Esas muertes representaron el 46 por ciento del total de palestinos asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania durante ese período.
El organismo de Naciones Unidas aseguró que las víctimas no representaban una amenaza inminente y señaló el uso de medios militares como ataques aéreos, drones armados y proyectiles explosivos en operaciones dentro de los campamentos. En tal sentido, exigió investigaciones independientes y exhaustivas sobre las posibles violaciones del derecho internacional. Türk indicó que «los presuntos responsables de violaciones del derecho internacional deben rendir cuentas».
