Por Redacción
El Director de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, sostuvo en declaraciones a AGN Prensa que la privatización de Aguas y Saneamiento S.A. (AYSA) autoriza “incrementos desmedidos” de las tarifas de agua y permite la aplicación del Decreto 70/23 para la suba de intereses, “lo que significará embargo de propiedades de usuarios”. AYSA fue adjudicada hace pocos días al consorcio integrado por Rowing S.A, Transclor (grupo Filiberti), Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua, que quedó primero en la licitación para quedarse con el 90 por ciento de las acciones tras ofertar 340 millones de dólares.
“Se regaló la empresa”, denunció Bassano al señalar que “vale mucho más de 500 millones de dólares” porque es una empresa que tiene una inversión de 13.000 millones de dólares y “sin embargo, el Estado la remató por 345 millones evidenciando un beneficio personal de unos pocos”. El titular de ADDUC instó a llamar la atención a todas las autoridades, incluyendo jueces y legisladores, “porque si no serían partícipes de un delito que se llama estafa a los bienes del Estado y que es un robo”, y planteó que los futuros dueños y los funcionarios que han intervenido en esta privatización, “van a tener que rendir cuentas ante la justicia y es muy probable que existan acusaciones penales cruzadas y tengan que responsabilizarse por hechos penales”.
Bassano confirmó que hay varias asociaciones de usuarios que están trabajando en distintas intimaciones para judicializar esta venta ya que existe “una violación constitucional severa, inclusive con la aplicación de las leyes que se quieren implementar sosteniendo los decretos de privatizaciones”. El representante de ADDUC manifestó que “no solo violan las normas que le ordenó la Cámara de Diputados, sino la Constitución Nacional porque no fue tasada por el Tribunal de Tasación de la Nación”, lo que consideró como una violación constitucional. “Eso es corrupción”, afirmó.
El representante de ADDUC deslizó también una situación muy preocupante al explicar que la nueva empresa “viene para cobrar una deuda de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 700 millones de dólares que adeudan usuarios de AYSA», en un contexto donde el gobierno libertario aumentó la tarifa de agua en más del 500 por ciento desde que asumió.
En este marco, el dirigente alertó que “se van a quedar con las casas de esos deudores por las altas tasas de interés, aumentando el sobreendeudamiento que existe hoy”. Por otra parte, recordó que en el Amba “aún faltan aproximadamente entre 3 o 4 millones de habitantes que no tienen agua ni cloacas” y que esta situación se arrastra “por el abandono que hizo Aguas Argentinas en su momento”.
“AYSA no pudo terminar las obras y en el 2023 el gobierno abandonó tratamientos cloacales y demás”, amplió Bassano para agregar que “todo esto trae agravado la historia que tuvo Aguas Argentinas que traía el agua del Río de la Plata e inundaba la concesión y transformó una gran palangana llena de materia fecal en la calle”.
En este marco, enfatizó que este consorcio que ahora se va a hacer cargo “viene a ganar dinero, no a prestar un servicio que es de vital importancia para la salud” y en este sentido insistió en atender que “las pruebas están a la a la vista” y no querer verlas “es una forma de ser partícipes en el delito”.
Por último, Bassano, Director de ADDUC y también docente universitario, alertó que, si las intenciones mercantilistas de estas empresas que se van a adueñar de AYSA no se tienen en cuenta, “crearán en el futuro una revuelta social” ya que la discrecionalidad en el servicio de agua, además de traer problemas sanitarios, “puede traer problemas sociales severos”.
