Por Redacción
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se declaró en estado de alerta ante el crecimiento de los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que aumentaron un 52% respecto del año anterior y afectaron a miles de empresas, en su mayoría microempresas, en medio de la recesión económica. La entidad anunció un plan de acción en todo el país para exigir la suspensión de las ejecuciones fiscales y la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades.
Tras la reunión de su Comisión Directiva Nacional, APYME denunció que las medidas de ARCA profundizan la crisis del entramado productivo, con procedimientos que bloquean las cuentas bancarias operativas e impiden a las empresas afrontar salarios, cargas sociales, proveedores y obligaciones corrientes. La organización afirmó que la falta de respuestas oficiales a sus reiterados pedidos de diálogo agrava la situación de las unidades productivas.
De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, los embargos pasaron de poco más de 1.000 en enero a casi 30.000 en un solo mes, con montos superiores a los 285.000 millones de pesos. Más del 80% de las ejecuciones recayeron sobre microempresas, un sector que enfrenta la caída de las ventas, el incremento de los costos y la competencia de productos importados en el marco de la desregulación comercial.
APYME sostuvo que «el impacto de este ensañamiento fiscal sobre la economía real es devastador. La inmovilización intempestiva de los fondos impide el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos corrientes, paralizando la cadena de pagos e imponiendo un certificado de defunción a firmas que ya luchan por sobrevivir ante la caída de las ventas, el aumento desmedido de costos y la competencia extranjera habilitada por las desregulaciones a la importación».
En tal sentido, la entidad empresaria remarcó que «significativamente, mientras se otorgan escandalosos blanqueos y beneficios a grandes capitales y compañías en rubros extractivos, con un costo fiscal considerable, se arremete contra el sector más dinámico y democratizador de la economía, que aporta el 65% del empleo privado en la Argentina».
En este marco, la organización declaró: «Ante la indiferencia oficial y la ausencia de canales de negociación que permitan proponer planes de pago adecuados a la realidad del sector, APYME iniciará en los próximos días un plan de acción en todo el territorio nacional. A través de sus delegaciones, en articulación con cámaras sectoriales y convocando a actores del trabajo y la producción, APYME se apresta a denunciar y visilbilizar ante la opinión pública el perjuicio irreversible que este acoso tributario provoca sobre el tejido Pyme y por consiguiente sobre los puestos de trabajo y el entramado social».
Por último, exigió que de manera «urgente la inmediata suspensión de los embargos y ejecuciones fiscales, la apertura de un canal de diálogo institucional y la implementación de un régimen de regularización extraordinario adaptado a las capacidades reales de las micro, pequeñas y medianas empresas. No habrá recaudación ni «equilibrio fiscal» sostenibles, y menos aún perspectivas de desarrollo, a costa de la industria nacional, el mercado interno y el trabajo argentino».
