*Por Mario Gambacorta y Leandro Terny
La defensa de la soberanía nacional es hoy el punto más alto de nuestra responsabilidad democrática. La Argentina atraviesa una coyuntura decisiva. La degradación de la política exterior y económica ha alcanzado un punto que compromete la autonomía de nuestras instituciones y la integridad de la Nación.
Un gobierno sin rumbo, salvo la dependencia; sostenido en la especulación y el endeudamiento, intenta prolongar su supervivencia mediante acuerdos opacos que hipotecan los intereses estratégicos del país. El cortoplacismo y la subordinación a los poderes financieros han sustituido toda idea de proyecto nacional.
Las recientes gestiones del Milei en Washington marcan un degradante salto cualitativo en esta deriva. La política exterior se ha transformado en una herramienta de negociación privada, orientada a obtener respaldo político a cambio de concesiones económicas y geopolíticas incompatibles con la soberanía argentina.
Esa subordinación no es un hecho aislado: expresa una lógica de entrega institucionalizada que debilita al Estado y posterga al pueblo. Es la sumisión aceptada. Los compromisos que se estarían asumiendo —fuera de todo control parlamentario y sin información pública— colocan al país ante un riesgo institucional grave. Ningún gobierno, por circunstancial que sea, puede disponer del destino de la Nación sin el escrutinio ciudadano ni el mandato del Congreso.
Las decisiones que afectan los recursos naturales, la estructura productiva, la defensa nacional o la política exterior, deben adoptarse dentro del marco constitucional y con plena transparencia. La salida a esta crisis no puede recaer, una vez más, sobre los sectores del trabajo y la producción, que ya cargan con los efectos de las políticas orientadas al beneficio de los grandes grupos especulativos.
Los responsables del endeudamiento y la fuga de capitales deben rendir cuentas. Y el Fondo Monetario Internacional, que avaló y profundizó acuerdos violatorios de su propio estatuto, comparte esa responsabilidad. La Argentina no puede ser administrada como un enclave financiero ni como una promesa de negocios. Su destino pertenece a su pueblo y a la voluntad democrática expresada en las urnas.
Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre representan una oportunidad crucial para ejercer soberanía a través del voto, iniciar el camino para recuperar el control de nuestro futuro en vista de un proyecto -propio- de Nación, poniendo un límite institucional a la entrega y la dependencia.
*Miembros del Grupo Ofensiva Nacional Democrática.
