Por Redacción
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, rechazó la decisión del Gobierno libertarito de incorporar, al sistema de concesiones privadas, a 26 nuevos tramos de rutas nacionales. La conducción de la organización sindical aseguró que la determinación oficial implica el desfinanciamiento de Vialidad Nacional y la reducción de su personal técnico, lo que motiva lo que desarticula la capacidad estatal para sostener y controlar la Red Vial Nacional.
Los tramos involucrados por el Gobierno de Milei pertenecen a las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237, así como el corredor A0017, con una extensión total aproximada de 3.900 km. Cabe aclara que el proceso atraviesa tu etapa preliminar y que aún no ha sido comunicado de manera oficial. En tal sentido, la dirigencia del STVyARA decidió explicar las consecuencias que tendría para el conjunto de la población la decisión del Ejecutivo liberal.
En tal sentido, a través de un comunicado, la conducción sindical explicó que «la ampliación de las concesiones no constituye una medida aislada, sino la continuidad de una sucesión de hechos que venimos señalando desde el inicio de este Gobierno: paralización y postergación de obras, fuerte reducción de la inversión vial, limitaciones presupuestarias y operativas en los Distritos, disminución de la dotación de trabajadores, programas de retiro voluntario, transferencia de responsabilidades hacia las provincias y expansión progresiva de un modelo basado en concesiones y peajes».
Aleñá, sostuvo que «todas estas medidas presentan un mismo hilo conductor: la reducción de la capacidad operativa del Estado precede a la transferencia o concesión de funciones que, en ese contexto, dejan de ser atendidas directamente por aquel. A nuestro entender, este enfoque no fortalece la infraestructura vial argentina, sino que reduce progresivamente la intervención del Estado Nacional en el cumplimiento de una responsabilidad estratégica».
Por otro lado, aseguró que «una ruta nacional no constituye únicamente infraestructura física: favorece la producción, el trabajo, el turismo, la educación, el acceso a la salud, la seguridad vial y la comunicación entre provincias; y, fundamentalmente, asegura la presencia federal del Estado en aquellos lugares donde la prestación puede no resultar económicamente rentable para el sector privado». De acuerdo con la documentación oficial reconstruida por STVyARA, entre 2024 y mayo de 2026 el Sistema de Infraestructura Vial (SISVIAL) había recaudado $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura vial, de los cuales solo $394.406 millones habían sido ejecutados en obras. Al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos.
Al mismo tiempo, la titular del STVyARA, indicó que «una política vial verdaderamente federal debe garantizar caminos seguros y transitables también allí donde su mantenimiento no constituya una actividad rentable. De lo contrario, existe el riesgo de consolidar corredores prioritarios en las zonas de mayor rentabilidad y postergar progresivamente a las regiones con menor volumen de tránsito, con consecuencias directas para las poblaciones más alejadas y con menores oportunidades de desarrollo». En tal sentido, agregó: «Antes de afirmar que Vialidad Nacional no puede cumplir sus funciones, debe explicarse por qué no se le asignaron plenamente los recursos que los propios argentinos ya pagaron para que pudiera hacerlo».
Por otro lado, remarcó que «resulta necesario evitar que el desfinanciamiento, la paralización de obras y la reducción de personal deriven en un deterioro que luego sea invocado como fundamento para disminuir la intervención del Estado. Nuestra posición ha sido y continúa siendo clara: no corresponde naturalizar el desfinanciamiento, debilitar la capacidad de trabajo para luego utilizar esa situación como justificación, ni sustituir el criterio de integración federal por una lógica basada exclusivamente en la rentabilidad».
Aleña demandó que «no se avance con nuevas concesiones o delegaciones sin transparentar previamente los estudios técnicos, económicos y sociales que las fundamentan. Que se informe públicamente el destino integral de los recursos del SISVIAL y se garantice su efectiva aplicación a la construcción, conservación y rehabilitación de la Red Vial Nacional. Que ninguna provincia asuma nuevas responsabilidades sobre rutas nacionales sin contar previamente con recursos suficientes, ciertos y sustentables para cumplirlas».
Por último, reclamó que «se garantice la continuidad laboral, la capacidad técnica y la dotación necesaria de Vialidad Nacional para ejecutar y controlar las funciones que legalmente tiene asignadas. Que las decisiones sobre la Red Vial Nacional contemplen expresamente a los corredores de baja rentabilidad y a las poblaciones alejadas, porque la integración federal no puede depender de un cálculo económico privado. Que se presente un verdadero Plan Vial Federal que determine obras, prioridades, financiamiento, mantenimiento y niveles de servicio para toda la Red Vial Nacional, y no solamente para los corredores económicamente atractivos y que se arbitren las medidas necesarias para transferir los fondos cuya retención se considera contraria al marco normativo vigente».
