Por Redacción
El petrolero VS Promise, de bandera británica, dejó el puerto de Ushuaia y se dirigió hacia la monoboya norte de TotalEnergies, en la zona de Cullen, donde tiene previsto cargar petróleo crudo de los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral. La operación profundizó el conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y el Gobierno nacional por la autorización de la embarcación. El buque había amarrado y fue abastecido en Ushuaia pese a que la Ley Gaucho Rivero, sancionada como Ley provincial N.º 852, prohíbe el amarre, la permanencia, el abastecimiento y las operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica en los puertos de las provincias con costas sobre el Atlántico Sur.
El buque británico, registrado en la dependencia de la Isla de Man y con capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, retornará a la monoboya desde la que se realizará la carga del petróleo extraído por el consorcio integrado por TotalEnergies, Pan American Energy y Wintershall Dea. La operación no pudo completarse durante la primera permanencia del petrolero frente a la costa atlántica norte de Tierra del Fuego. El buque había partido de esa zona el 13 de agosto y ahora regresó para retomar la operación.
En este contexto, el Gobierno fueguino repudió la autorización para que la embarcación británica operara en el puerto de Ushuaia, cuya administración se encuentra intervenida por decisión del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. A través de un comunicado, rechazó «enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia«.
Al mismo tiempo, aseguró que «la gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales».
En esa línea, remarcó: «la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular«.
El gobierno de Tierra del Fuego le exigió a la administración libertaria que «informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia». Asimismo, convocó «a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica. La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur».
En tanto, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos que nuclea a trabajadores ferroportuarios su «profunda preocupación y rechazo ante el ingreso y amarre de un petrolero vinculado a bandera británica en el Puerto de Ushuaia, mientras continúa la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas y demás territorios del Atlántico Sur». Del mismo modo, añadió que «el Puerto de Ushuaia no es un puerto más. Es un activo estratégico de la República Argentina, por su ubicación, su proyección sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida».
«No podemos aceptar que se invoquen razones de soberanía para intervenir y desplazar a las autoridades provinciales del control del puerto y, posteriormente, se permitan operaciones que generan serios cuestionamientos en materia de soberanía nacional. Desde APDFA sostenemos que la defensa de nuestros puertos, de nuestros recursos y de nuestra soberanía debe ser concreta, coherente y permanente», indicó la conducción sindical.
