Por Redacción
Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina enviaron una carta abierta a legisladores nacionales para fijar su posición frente al Proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil y advertir que la reducción de la edad de punibilidad no resuelve el problema del delito juvenil. Con el título: “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, los representantes de la iglesia indicaron que la respuesta estatal debe priorizar el cuidado integral, la prevención, la educación y la inclusión social de niñas, niños y adolescentes.
De este modo, expresaron: “Hacemos nuestro aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo de referentes y profesionales territoriales que, como Iglesia, desarrollamos en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes: en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios, así como en el vínculo permanente con las familias y los adultos que participan de estos espacios”.
La carta cuestiona el contexto político en el que se discute el proyecto de ley y advierte sobre la utilización del sufrimiento social con fines de impacto público. Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina manifestaron: “Lamentamos que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático. Esto impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables”.
Asimismo, remarcaron que «como la mayoría de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil. Reconocemos que existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes. En particular por la falta de adecuación de nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, la necesidad de prever disposiciones que no sean regresivas y la ausencia de dar respuestas eficaces al problema social que se presenta».
Los representantes de la Iglesia, explicaron que «el delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas. En lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil, observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación».
Del mismo modo, señalaron que «la realidad demuestra una creciente desfinanciación en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad. Creemos en la necesidad de dar una propuesta integral: desde su visión fundante hasta su implementación concreta. Pero dicha propuesta debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social».
Asimismo, precisaron que «en este escenario, urge abandonar el falso dilema entre “hacer algo” o “no hacer nada”. Lo que se impone es hacer lo correcto. Frente al intento de avanzar de manera apresurada con un proyecto que prioriza el golpe de efecto por sobre la construcción de consensos, sostenemos que:
● La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza.
● Las condiciones materiales, institucionales y sociales para un régimen penal juvenil serio no están garantizadas.
● Se necesita un enfoque integral, con propuestas diferenciadas para la prevención, la intervención y la reinserción.
● Resulta imprescindible superar la falsa dicotomía entre castigar o mirar para otro lado y centrar los esfuerzos en transformar las condiciones estructurales que generan violencia».
Por último, afirmaron que «la realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare. Un entramado que actúe sobre las causas estructurales de la violencia desde los vínculos más cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rincón donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos».
