Por Redacción
Como fiel exponente de la oligarquía local, la Sociedad Rural se presentó ante la justicia para reafirma su apoyo a la mal llamada Ley de Modernización Laboral y demandar que no se suspenda la aplicación de la normativa, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo contra el gobierno libertario. La entidad que representa al capital campero fundamentó su intrusión al sostener que una declaración de inconstitucionalidad o suspensión de la norma podría tener un impacto negativo sobre «sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario».
La entidad, representada por Nicolás Pino, declaró su apoyo a la reforma laboral y afirmó que «frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país». Del mismo modo, la entidad que respaldó a Martínez de Hoz, respaldó la gestión anarco capitalista de Milie y remarcó su acompañamiento a la presentación oficial ante la justicia contra la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal.
La Sociedad Rural, reafirmó su postura reaccionaria al aseverar que «donde se discute la validez de una ley del Congreso» no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo. Al mismo tiempo, la oligarquía campera cuestionó la cautelar que suspendió la aplicación de la Ley y consideró que representa «una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso».
Para la entidad liberal la normativa libertaria «busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores. La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica». Por último, la Sociedad Rural, ratificó cínicamente su compromiso «con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones».
De este modo, la oligarquía expresó su alineamiento histórico con las políticas anti-obreras y expuso la necesidad de que los trabajadores se subordinen al capital para que, de este modo, se pueda reasegurar la maximización de su rentabilidad. La Sociedad Rural, como factor de poder político, tal es su costumbre, ratificó que su proyecto de país excluye a los trabajadores, quienes son los verdaderos hacedores de al riqueza nacional.
