Por Redacción
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) sostuvo que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, implicó una redefinición del lugar de la política económica dentro de la democracia argentina y restringió capacidades de intervención estatal sobre el sistema financiero. En su último informe de coyuntura, señaló que la iniciativa redujo el mandato del Banco Central a la preservación del valor de la moneda. Destacó que las principales economías del mundo cuentan con bancos centrales con capacidad de intervención sobre distintos aspectos de la actividad económica y recordó que ese tipo de herramientas tuvo un papel relevante en procesos históricos de desarrollo, incluido el argentino.
El estudio ubicó esta modificación en un escenario marcado por el inicio de una crisis de endeudamiento del sector privado y sostuvo que la nueva normativa limitaría la capacidad estatal para actuar sobre las tasas de interés y el crédito. Para el CESO, esa decisión significó una pérdida de instrumentos de política económica en un momento en que el Estado debería ampliar sus herramientas frente al deterioro de las condiciones financieras. El informe señaló que otro de los puntos centrales de la reforma fue el nuevo mecanismo para remover a las autoridades del Banco Central, que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. En tal sentido, puntualizó que esa exigencia trasladó una decisión propia de la política económica a un esquema de protección institucional que dificultaría su modificación por parte de futuros gobiernos.
De este modo, remarcó que «el resultado práctico es que un gobierno futuro, con un programa económico distinto, podrá heredar autoridades monetarias designadas por la gestión actual sin capacidad real de removerlas. Se trata de un blindaje que opera, en los hechos, como una restricción a la alternancia democrática y como un canal adicional de subordinación a los intereses del capital financiero externo, ya reforzados por el rol creciente del FMI en la política económica argentina».
Por otro lado, el informe explicó que «la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro, eje central del relato oficial de “emisión cero”, resulta más débil de lo que ese discurso sugiere. La derogación del artículo 20 no impide que el Banco Central sostenga indirectamente al Tesoro a través de compras en el mercado secundario, dado que la reforma no fija límites precisos a esas operaciones. Por otro lado, la ausencia de una cláusula de excepción para catástrofes o emergencias —como la que efectivamente se utilizó durante la pandemia, cuando la asistencia del BCRA al Tesoro alcanzó el 8% del PBI— deja al país sin una herramienta ya probada frente a un próximo shock de magnitud comparable».
Asimismo, el CESO destacó que «la habilitación para usar las reservas internacionales como garantía de operaciones financieras es, probablemente, la modificación más gravosa e irreversible del paquete. Dado que las reservas respaldan tanto al sistema bancario como los depósitos en dólares de ahorristas y empresas, comprometerlas ante acreedores externos con jurisdicción de tribunales extranjeros introduce un riesgo sistémico cuya magnitud excede ampliamente la de los defaults de 2001 y 2020».
En esa línea, aseguró que «la evidencia sobre la política monetaria efectivamente llevada adelante por el gobierno de Milei contradice el diagnóstico que sustenta la reforma. La “emisión cero” nunca existió como tal: la emisión monetaria continuó, tanto por el canal externo como por la eliminación del esquema de pasivos del Banco Central que implicó una fuerte expansión monetaria. Quitarle al Banco Central herramientas de gestión monetaria en un país con la fragilidad externa estructural de la Argentina, y que el ingreso de divisas quede como único canal de expansión monetaria. expondría a la economía a saltos abruptos en la liquidez y las tasas de interés cada vez que el sector externo no provea los dólares necesarios (una situación recurrente en la historia económica argentina)».
Al mismo tiempo, el CESO expuso que «la política monetaria de estos dos años y medio apuntan en la misma dirección: no se trata solo de un cambio técnico en el diseño institucional del Banco Central, sino de un intento de fijar, más allá del resultado de las urnas, un modelo económico específico y de profundizar la dependencia financiera externa del país, en momentos en que la fragilidad de la economía argentina exigiría, más bien, lo contrario».
