*Por Julián Denaro En 1919, luego de la primera guerra mundial y en virtud del Tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el espíritu de intentar mejorar la vida de las mayorías, dada la enorme inequidad e injusticia reinantes en el mundo. Su presunción era que para garantizar un mundo con paz estable y duradera habría
que reparar sobre los enormes padecimientos que sufría la clase trabajadora, víctima de abusos y con carencia absoluta de derechos.
Pues bien, dado que los resultados de las disputas de poder suelen ser favorables a los sectores dominantes, se instaló constitutivamente la condición de progresividad y de no regresividad. Esto significa que, para siempre, todo cambio tiene que ser favorable a los trabajadores, y que no se puede retrotraer un beneficio conseguido. Por consiguiente, cada vez que se conquista un derecho es para siempre, irreversible y sólo puede ser ampliado o mejorado.
El caso argentino tiene su capítulo más determinante con Perón. Desde su gobierno, los sindicatos adquieren rango legal, se consiguió la jornada laboral limitada de ocho horas, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo o paritarias, y sirvió como puntapié para ampliar la participación de la clase laburante en el ingreso nacional. Esto último refiere a que la masa salarial alcance o supere la mitad de la riqueza producida por año en el país, lo cual ocurrió entre 1949 y 1955, luego en 1974 y entre 2012 y 2015.
Las paritarias, por su parte, significan que las negociaciones por las condiciones laborales y el salario pasan de una condición de desigualdad, en la cual el sector dominante impone condiciones al sector dominado, a otra de mayor paridad, en la cual el poder de la clase obrera organizada y unida a través de los sindicatos, a su vez cohesionados en la Confederación General del Trabajo (CGT), acuerda con los dueños de los medios de producción, siendo dichos convenios mediados por el Estado y elevados a una ley rectora, la cual permite organizar equilibrando fuerzas.
Al respecto se destaca una frase del sacerdote francés Henri Dominique Lacordaire (1802-1861) quien proclamó que “entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”. Por cuanto al aguinaldo y las vacaciones pagas, para un trabajador que se toma dos semanas de vacaciones dentro de las 52 semanas que conforman el año calendario, sin la legislación peronista cobraría 50 semanas, en cambio con la legislación peronista cobra 56, ya que tiene incluidas las dos de vacaciones y el aguinaldo o sueldo anual complementario. Por otro lado, la jornada laboral limitada a ocho horas obliga al empleador a pagar doble por hora extra, lo cual puede ser utilizado ventajosamente por ambos. Por el lado del empleador, cuando lo necesita para
producir más, vender más y ganar más, mientras que por el lado del empleado, el cobrar doble le permite hacerse de un dinero extra a utilizar para sus planes personales.
Se impone destacar, en todo momento y para nunca olvidar, que aumentar los ingresos de los laburantes favorece a toda la sociedad, ya que cuando los trabajadores tienen más plata, aumenta su capacidad de consumo, tras lo cual se genera también una mejora para los empresarios, ya que venden más. Así, la espiral virtuosa y expansiva del efecto multiplicador beneficia a toda la sociedad: si el trabajador posee un mayor salario, mejora su nivel de vida, si los empresarios venden más, aumentan sus ganancias, al tiempo que para vender más hay que producir más, por cuanto aumenta el empleo y, por tanto, al incrementarse la producción, el empleo, el consumo y las ganancias, se tracciona el desarrollo y al mismo tiempo se engorda la recaudación del Estado, ya que recibe más por impuestos al consumo, impuestos a las ganancias y aportes y contribuciones a la seguridad social. Por consiguiente, que aumenten los salarios también se constituye en una inteligente herramienta fiscal, financiando la inversión social, los gastos en infraestructura y desarrollo, las jubilaciones y asimismo sostener el equilibrio fiscal, a partir de un presupuesto
planificadamente compensado entre ingresos y egresos públicos.
Entretanto, y de crucial valor histórico y evolutivo, se aclara que el derecho a huelga es constitucional y conforma un mecanismo de inmensa efectividad para que los trabajadores, de forma solidaria y colectiva, defiendan sus derechos y hagan visibles sus reclamos en perspectivas de exigir mejoras o bien impedir desmejoras intentadas por las patronales cuando pretenden aumentar sus ganancias expropiando a los trabajadores de una porción que les pertenece. Asimismo, las indemnizaciones protegen contra el despido arbitrario injustificado, ya que obligan al empleador a pagar un monto compuesto por el equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado más uno adicional por preaviso, agregando el correspondiente aguinaldo y vacaciones.
No debe omitirse en este repaso que los días por enfermedad son pagos al 100%, lo cual recuerda que para recuperarse lo antes posible, el trabajador deberá incurrir en un gasto extra para comprar medicación y por eso mismo sería por demás injusto e inoportuno que cobre menos, lo cual perjudicaría también al empleador, ya que
demoraría en volver a tenerlo en condiciones produciendo con todas sus energías. Con todo esto, aún con dictaduras, la clase obrera organizada con la CGT unida y fortalecida a lo largo de los tiempos desde el gobierno de Perón, evitó que los sectores dominantes esquilmaran sus condiciones de trabajo. Pero fue el gobierno de Menem y luego De La Rúa, con Cavallo como ministro de economía, que se consagraron como los gobiernos democráticos más antilaburantes y antiperonistas del siglo XX.
Lo que hicieron fue desunir a los trabajadores fomentando la división de la CGT en lo que se llamó “democratización sindical”, que de democrática no tuvo nada. Dicha pérdida de poder de la clase trabajadora fue aprovechada para decretar la Ley de Flexibilización Laboral, que sirvió para hacer retroceder en derechos a la clase trabajadora en contra de los principios de la OIT y de la propia Constitución Nacional Argentina. Uno de los hechos más dañinos, dentro de tanto, fue la privatización del sistema previsional. Los aportes y contribuciones a la seguridad social pasaron a ser cobrados por los Bancos que oficiaban de AFJP, administradores de los fondos para las jubilaciones y pensiones.
Así, en vez de que los aportes de los trabajadores y las empresas sean cobrados por el Estado para financiar el pago de jubilaciones y pensiones, todos esos fondos eran cobrados por los bancos, que por si fuera poco se cobraban comisiones. Pero igualmente eso nunca puede funcionar, porque se trata de un sistema solidario, por cuanto no fue otra cosa que un robo al pueblo.
Se aclara oportunamente que el sistema previsional es solidario porque requiere de la colaboración de varios impuestos para financiar el presupuesto asignado a Seguridad Social. Según la estructura de ingresos y egresos del Estado en la actualidad, el gasto en seguridad social aproxima el 40% del gasto público total, mientras que la recaudación proveniente de aportes y contribuciones a la seguridad social oscila por el 25% de los ingresos del Estado. Por consiguiente, queda claro que se requiere de otros impuestos para financiarse, de lo que resulta imprescindible diseñar una arquitectura impositiva progresiva que indispensablemente minimice la evasión y la elusión fiscal que siempre intentan hacer los grandes contribuyentes y las corporaciones dominantes.
Eso sí, quedó claro que el sistema previsional no se autofinancia porque es un sistema solidario. ¿Entonces? Los bancos nunca tendrán suficiente para pagar lo que corresponde. ¿Consecuencia? Pagan menos, aumentando el padecimiento de los retirados, a quienes les sustraen beneficios, e incrementan sus ganancias a través de fraudes financieros. Resumidamente, se trató de una penosa y dolorosa estafa que empobreció al pueblo argentino.
¿Por qué es importante y casi imprescindible recordar esto para explicar el caso actual? Porque Milei, Caputo y Sturzenegger repiten las mismas palabras textuales de Cavallo.
Cavallo decía que gracias a disminuir las cargas sociales, las empresas iban a estar ávidas por contratar empleados, ya que al bajar el costo laboral todas las empresas se verían favorecidas. Exactamente lo mismo que dicen Milei, Sturzenegger y Caputo.
¿Qué pasó?
Obviamente, al reducirse el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, bajó el consumo. Al bajar el consumo, se redujo la producción y se contrajeron los niveles de empleo. Vale decir, ocurrió al revés de lo que afirmaba Cavallo. El desempleo aumentó desde el 6% hasta el 27%, la informalidad laboral trepó hasta el 60%, y la pobreza ascendió a más del 60% (según la UCA).
Cuando asumió Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, derogó la Ley de Flexibilización Laboral y volvió a implementar las Paritarias, además de reemplazar el Modelo Librecambista Financiero por el Modelo Peronista, que significa Nacional y Popular, Industrialista, Proteccionista, Científico, Tecnológico, Energético, Satelital, Inclusivo y Latinoamericanista. Las consecuencias sobre lo anteriormente descripto fueron notorias: el desempleo bajó al 6%, la informalidad laboral al 30% y la pobreza al 30% (según la UCA).
Véase que el regreso del modelo librecambista financiero con Macri desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019 volvió a aumentar las variables indeseadas como desempleo al 11% y pobreza al 40% (según la UCA). No puede omitirse en el repaso histórico que luego prosiguió la existencia de la Pandemia del Coronavirus en 2020, que incrementó los padecimientos, aumentando la pobreza al 45%, la informalidad laboral al 50% y el desempleo al 11%.
Posteriormente, la aplicación del modelo peronista durante la presidencia de Alberto Fernández bajó la pobreza al 40%, la informalidad al 40% y el desempleo al 5,7%. A partir de diciembre de 2023, el modelo librecambista financiero regresó en su versión más potente. En esta oportunidad, Sturzenegger y Caputo se potencian con el desequilibrio mental y emocional del presidente Milei, consiguiendo muy rápidamente aumentar el desempleo al 8%, la informalidad al 50% y la pobreza al 65%, habiendo contabilizado el cierre de más de 30.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo en apenas más de dos años.
La nueva ley de flexibilización laboral que pretende instalar el gobierno de Milei produce un retroceso similar al de la ley de flexibilización laboral de Cavallo, aunque aún peor, detalle que se expondrá en lo sucesivo. Pero surge una pregunta: ¿Cómo hacen para votarla los legisladores?
La flexibilización laboral de Cavallo se llamó “Ley Banelco” porque expuso un escándalo de corrupción por el pago de coimas en el Congreso. Del mismo modo, mediante una corrupción escandalosa, el gobierno de Milei – Sturzenegger – Caputo está comprándose a los legisladores y a la prensa que silencia todo, blindando al poder real.
La ley de “Modernización Laboral” no es otra cosa que precarización esclavizante, ya que elimina todos los derechos conquistados por los trabajadores. Parte por la locura que establece a los salarios como variable dinámica, permitiéndole a los empresarios bajar los sueldos cuando ellos decidan, y así robarles a los trabajadores de la manera más humillante que jamás haya existido.
A contramano de la historia, extingue los Convenios Colectivos de Trabajo en relación de Paritarias, obligando a los trabajadores a una discusión sobre el salario y las condiciones laborales mano a mano con su empleador, sabiendo que en esas negociaciones el trabajador siempre terminará sometido, tal como lo expresa la frase de Lacordaire recordada líneas atrás en este mismo escrito. Ya se sabe suficientemente que la más justa manera de resolver las disputas es cuando los trabajadores están organizados de manera colectiva y solidaria, siendo defendidos a través de los sindicatos para negociar con las patronales.
Se elimina el pago doble por las horas extra, ya que se arma lo que llaman un “banco de horas”. Esto es que el empleador puede obligar al empleado a realizar horas extra cuando lo necesita, sin pagarle de más, para luego, cuando no lo necesita, obligarlo a trabajar menos, devolviéndole de esa manera las horas que trabajó de más.
Se trata de algo absolutamente insano, ya que exacerba los abusos, poniendo los horarios laborales de los trabajadores a merced del empleador e impide a las personas organizar su vida familiar, académica, parental, social, deportiva, en fin, su vida. Nadie puede comprometerse con llevar o ir a buscar a su hijo a la escuela, o anotarse en una actividad deportiva de horario pautado, o cursar en la universidad, o inscribirse en un curso de música, o comprar una entrada para un evento, o cuidar o visitar regularmente a familiares o amigos, nada, porque el empleador puede obligar a modificar el horario laboral en cualquier momento, encima sin pagarlo porque lo compensa cuando le conviene o se le ocurre.
Por su parte, la organización de las vacaciones también es importante. Los estudiantes tienen vacaciones en enero y quince días en invierno, las parejas tienen que organizarse, los grupos de amigos buscan planificar las vacaciones compartidas, las playas argentinas están sumergibles en época estival y los ascensos a las montañas tienen que hacerse mayormente en verano, cuando la acumulación de nieve y el frío extremo por debajo de los 30 grados bajo cero no se haga presente.
Con esta precarización, el empleador decide el momento del año para las vacaciones ofrecidas a los empleados. Si no coincide con sus hijos, pareja, amigos, receso académico o época aconsejable para las actividades deseadas, mala suerte. Parece una cargada pero es un atropello sobre los derechos de los trabajadores.
Lamentablemente, olvidan que las ganancias de los empresarios se hacen con el trabajo de los trabajadores, dado que sin laburantes no hay producción ni ventas ni ganancias. Esto configura una expresión de la involución de la especie humana.
Pero peor todavía. El proyecto de modernización elimina el pago total de sueldo por los días de enfermedad. Sturzenegger lo justificó diciendo que si te arriesgaste por ir a jugar al fútbol y te esguinzaste no te lo tiene por qué pagar tu empleador, y si te agarra cáncer tenés que bancártela.
En resumidas cuentas, según Sturzenegger, los trabajadores no tienen derecho a ser personas, no tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre, no tienen derecho a decidir qué hacer, no tienen derecho a elegir cómo
utilizar el dinero que ganan fruto de su trabajo, no tienen derecho a tener vida. ¿Pero nosotros pueblo tenemos derecho a no repudiar a Sturzenegger, a no pedir que lo echen de la esfera del gobierno?.
Está claro que el gobierno de Milei – Caputo – Sturzenegger – Bullrich es traidor a la patria, pero la misma calificación corresponde para los gobernadores y legisladores corruptos que apoyan esta precarización inconstitucional a cambio de favores personales. Nosotros pueblo tenemos que detener esto y jamás perdonárselo a cada uno de los que intentaron esta estafa a la sociedad. Nuevamente, y a pocas horas del día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, le decimos ¡NUNCA MÁS! a los traidores vendepatria.
