Por Redacción
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó la revocación de la resolución que habilita la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros para la captura de calamar en el Mar Argentino. A través de una presentación ante el Consejo Federal Pesquero, la administración bonaerense reclamó que la medida quede sin efecto y pidió suspender su aplicación hasta que existan estudios científicos que garanticen la sustentabilidad del recurso.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, quien cuestionó tanto el procedimiento utilizado para aprobar la Resolución 6/2026 como los criterios adoptados para distribuir los beneficios vinculados a los nuevos permisos de pesca. Según el planteo presentado por el Ejecutivo bonaerense, el proyecto ingresó, se debatió y se votó en una misma reunión del Consejo Federal Pesquero, sin que sus integrantes contaran con la documentación necesaria para evaluar el alcance de la propuesta.
El recurso sostiene que la resolución carece de respaldo científico suficiente para justificar una ampliación de la capacidad extractiva sobre el calamar (Illex argentinus). En ese sentido, advierte que no existen estudios específicos que permitan determinar el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones sobre los distintos stocks de la especie ni sobre la conservación del recurso. La presentación señala que, frente a la ausencia de información concluyente, corresponde aplicar el principio precautorio previsto en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente. Bajo ese criterio, la incertidumbre científica obliga a extremar los mecanismos de protección de los recursos naturales y no a profundizar su explotación.
La administración política bonaerense cuestionó, a su vez, el sistema de puntajes establecido para otorgar los nuevos permisos. El esquema asigna 30 puntos a los proyectos que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 a los radicados en Santa Cruz, 20 a los de Chubut, 15 a los de Río Negro y apenas 10 a los vinculados con territorio bonaerense. Para Rodríguez, esa distribución genera ventajas competitivas para otras jurisdicciones y perjudica al complejo pesquero de Mar del Plata, principal polo pesquero e industrial del país. El documento sostiene que los proyectos radicados en Buenos Aires deberían afrontar mayores inversiones para acceder a condiciones equivalentes a las otorgadas en otras provincias.
La administración bonaerense recordó que votó en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el Consejo Federal Pesquero y ratificó su rechazo a una medida que, según argumentó, afecta la igualdad entre jurisdicciones, el régimen federal de pesca y la preservación de los recursos marinos. Por ese motivo, el Gobierno provincial solicitó que la Resolución 6/2026 sea anulada o, de manera alternativa, que quede suspendida hasta que existan evaluaciones técnicas y científicas que acrediten que el aumento de la actividad pesquera no comprometerá la conservación del calamar en el Mar Argentino.
