Por Redacción
El Tribunal Criminal Número 18 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Secretario General del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) y co líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, pagar una indemnización de ocho millones de pesos a una estación de servicio. La sentencia respondió a los perjuicios económicos que, según el fallo, provocó una medida de fuerza realizada en 2021.
La protesta se llevó a cabo en una estación perteneciente al expresidente de la Federación de Expendedores de Combustibles (FECRA). Durante dos días, los trabajadores interrumpieron la actividad para exigir el pago de horas extras por tareas realizadas en fines de semana. La empresa presentó una demanda contra el sindicato y contra Acuña en forma personal, con el argumento de pérdidas económicas y daños a la imagen comercial del establecimiento.
El fallo consideró la protesta ilegítima por no cumplir los requisitos legales para realizar una huelga y no encuadrarse dentro de una negociación colectiva. El tribunal determinó la responsabilidad directa de Acuña como organizador de la medida, por lo que ordenó el pago de la suma reclamada con su patrimonio personal.
El dirigente sindical ejerce un rol clave dentro de la CGT y esta condena se inscribe en la avanzada reaccionaria contra el derecho a huelga en un contexto de fuerte tensión con el gobierno libertario. Uno de las mayores ataques surgió con el DNU 340/2025 impulsado por Javier Milei, que amplió la lista de actividades «esenciales» para restringir el ejercicio de paros y protestas.
Tras las demandas presentadas por la CGT y distintas organizaciones sindicales, la Justicia del Trabajo declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 de ese decreto. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó un fallo de primera instancia que suspendió la aplicación de esos puntos clave, frenando la ofensiva oficial contra el derecho a huelga.
