Lácteos Dorrego: un esquema de precarización laboral

Por Redacción

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunció que la empresa Lácteos Dorrego, elaboradora de la marca Yatasto y radicada en la localidad bonaerense de Navarro, impulsa una reestructuración que podría dejar a decenas de empleados fuera del convenio colectivo de la actividad. El conflicto, que afecta a cerca de 60 familias, derivó en protestas, un acampe frente a la planta, intervenciones del Ministerio de Trabajo bonaerense y la preparación de acciones judiciales y penales por parte de la organización sindical.

La disputa se originó a comienzos de este año, cuando la empresa avanzó con una serie de despidos y luego promovió la incorporación de trabajadores a una cooperativa que desarrolla tareas dentro del mismo establecimiento. La conducción de ATILRA explicó que quienes ingresan bajo esa modalidad dejan de estar alcanzados por el convenio colectivo, pierden derechos laborales asociados a la relación de dependencia y quedan fuera de la representación sindical que hoy los ampara.

La planta de Navarro empleaba a más de 70 trabajadores antes del inicio del conflicto. De acuerdo con la organización sindical, la empresa buscó reemplazar parte de esa dotación por personal vinculado a la Cooperativa de Trabajo Intensos Sabores Navarrenses, una entidad que, según las denuncias, mantiene estrechos vínculos con la conducción empresaria. Maximiliano Ohannecian, delegado de los trabajadores, explicó: “Todo este problema ya lo habíamos pasado en 2018. Ellos quieren que pasemos a una cooperativa de monotributo de forma totalmente arbitraria. Perderíamos nuestros derechos y nos obligarían a renunciar a todos nuestros años de antigüedad”.

El representante de los trabajadores rechazó los argumentos económicos esgrimidos por la firma para justificar los cambios. En ese sentido, afirmó: “Luciano Di Tella nos comunicó la noticia argumentando la crisis de la empresa, pero no hay tal crisis ni baja de producción. La empresa sigue produciendo”. Las denuncias sindicales motivaron inspecciones del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La dirigencia de ATILRA sostuvo que durante esos procedimientos se detectaron distintas irregularidades administrativas y laborales. A partir de esos antecedentes, el sindicato presentó actuaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), con el objetivo de que se investigue el funcionamiento de la cooperativa.

En paralelo, la empresa promovió un Procedimiento Preventivo de Crisis, herramienta que fue rechazada por el sindicato. La organización de trabajadores aseguró que la situación productiva de la firma no guarda relación con las medidas adoptadas y cuestionó la utilización de mecanismos que podrían derivar en una reducción de costos laborales a expensas de los trabajadores. Cabe destacar que La tensión escaló durante mayo cuando la empresa impidió el ingreso de parte del personal que permanecía bajo relación de dependencia mientras continuó la actividad con trabajadores incorporados a la cooperativa. Días después, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria con efecto retroactivo y ordenó restablecer las condiciones previas al conflicto, así como regularizar pagos adeudados.

En este marco, el l sindicato denunció que la resolución no fue cumplida. Posteriormente surgió una nueva controversia cuando la empresa comunicó el traslado de actividades a un predio ubicado en el partido de Las Heras. De acuerdo con la representación sindical, las inspecciones oficiales constataron que el establecimiento señalado carecía de condiciones para desarrollar tareas productivas.

Mientras avanzaban las actuaciones administrativas, los trabajadores realizaron protestas y un acampe en las inmediaciones de la planta. Durante una de las manifestaciones, evidenciaron que la empresa desplegó un importante operativo de seguridad privada. En un comunicado difundido durante la protesta expresaron: “Hernán Ferrari y Luciano Di Tella, quienes decidieron gastar fortunas en patotas de seguridad privada, perros guardianes y vallados policiales antes que pagar el mes entero de sueldo que adeudan a su personal”.

El Secretario General de ATILRA Empalme Lobos, Nelson Rey, afirmó que el sindicato intentó abrir instancias de negociación para resolver la disputa. Expuso: “Buscamos el diálogo, pero ya la empresa viene con una enorme deuda con las cargas sociales de los compañeros a la obra social, al sindicato y la jubilación».  Sobre el impacto social que podría generar el conflicto en Navarro, agregó que “casi 60 personas pueden quedar en la calle, lo que representa una pérdida económica para el pueblo. Sigue siendo el dueño Luciano Di Tella, pero preside la cooperativa Hernán Ferrari al que le dieron el control del predio”.

En este escenario, los trabajadores contaron con el apoyo del intendente local, Facundo Diz, quien participó de reuniones con delegados, dirigentes sindicales y con autoridades laborales provinciales. El funcionario explicó que “desde el Estado provincial y municipal seguimos acompañando su lucha poniendo nuestras herramientas a disposición para una pronta y favorable resolución del conflicto”.

En tanto, Heber Ríos, integrante de la conducción nacional de ATILRA y conductos de la Seccional General Rodríguez, manifestó que “detrás de cada puesto de trabajo hay una historia y un proyecto de vida. Por eso nos hicimos presentes en el acampe, respaldando una lucha legítima que exige algo tan básico como el pago de salarios adeudados, el respeto por la continuidad laboral, el encuadre que rige para la industria láctea, y la preservación de las conquistas que corresponden”.

Tras cinco audiencias ante el Ministerio de Trabajo bonaerense sin avances concretos, ATILRA solicitó el cierre de la conciliación obligatoria, reclamó sanciones contra la empresa y anunció nuevas acciones judiciales. Entre ellas figuran demandas individuales, pedidos de reinstalación de delegados sindicales y una denuncia penal vinculada al funcionamiento de la planta. El conflicto continúa abierto y mantiene en alerta a los trabajadores de una de las principales industrias de Navarro.

 

 

 

Fuente: Radio Gráfica.

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