Por Redacción
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires resolvió iniciar una demanda judicial contra la gestión libertaria para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida encomienda al rector, a través de la Secretaría General, llevar adelante las acciones legales necesarias para que se cumpla la norma promulgada por el Poder Ejecutivo, pero suspendida en su ejecución.
El conflicto se originó cuando el Gobierno libertario promulgó la Ley, aunque postergó su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento correspondientes. Frente a esa decisión, la UBA consideró indispensable recurrir a la Justicia “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Según lo expresado en la resolución aprobada por el Consejo Superior, “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Asimismo, la dirección de la UBA señaló que esto “implica la vulneración de derechos constitucionales establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario ni a la recomposición salarial establecida en la ya mencionada ley”.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por el gobierno y posteriormente e ratifica por ambas cámaras. La norma tiene como finalidad asegurar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino, junto con la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes. En los considerandos de la resolución de la UBA se expresó que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
En un informe reciente, la Universidad de Buenos Aires presentó un análisis detallado de su presupuesto y expuso la disminución de recursos que atraviesa el sistema universitario nacional. Desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250%, mientras los salarios aumentaron un 95%, lo que representó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo del personal. En el área educativa, los gastos operativos reflejaron desde mayo de 2024 una caída real del 30%.
La situación es todavía más grave en el sector sanitario. Hasta agosto, los hospitales universitarios tuvieron sus presupuestos congelados y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, ya que solo cubrió una parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica.
La ley reclamada por la casa de altos estudios establece la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes conforme a la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Del mismo modo, fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
En su resolución final, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires afirmó: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
