Por Redacción
La justicia federal declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich y aplicado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, al resolver una acción colectiva presentada por organizaciones sociales que cuestionaron el marco represivo contra la protesta pública.
La decisión alcanzó a la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que consideraba delito en flagrancia a toda manifestación que interrumpiera el tránsito y habilitaba el desalojo o la dispersión por parte de las fuerzas federales. El magistrado sostuvo que la norma vulneró derechos constitucionales básicos y excedió las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El planteo judicial expuso la inconstitucionalidad del protocolo por afectar de manera directa el derecho a la protesta, la libertad de expresión, el derecho de petición y de reunión, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. La causa se inició hace casi dos años y cuestionó la base legal del dispositivo represivo desde su puesta en marcha.
La sentencia se conoció tres semanas después de un dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda, quien objetó la ausencia de fundamentos jurídicos válidos para dictar la resolución. El representante del Ministerio Público advirtió que el protocolo utilizó una noción de flagrancia ajena al régimen penal vigente y aclaró que solo resultó aplicable en casos de delitos comunes cometidos durante una protesta.
En su resolución, el juez Martín Cormick afirmó que la normativa avanzó sobre competencias reservadas al Congreso. El magistrado señaló que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y brindar “instrucciones a la policía”, la resolución terminó por alterar disposiciones del Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad.
El impacto del protocolo quedó reflejado en el saldo represivo registrado desde su implementación. De acuerdo con datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, se contabilizaron 1.399 personas heridas en manifestaciones reprimidas durante estos dos años: 750 en 2024 y 649 en lo que va de 2025. Los operativos se concentraron con especial dureza en las marchas de jubilados de los miércoles, donde las fuerzas avanzaron contra adultos mayores, trabajadores de prensa, reporteros gráficos, personas con discapacidad y manifestantes en general.
