La Justicia dejó al desnudo la estrategia del gobierno libertario y ratificó que debe cumplir con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Por Redacción

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de forma inmediata con la aplicación Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente. La sentencia judicial fue promovida por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, ratifica lo dispuesto en diciembre de 2025 y obliga al Gobierno libertario  a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y a recomponer las becas estudiantiles.

El fallo ratificó el fallo en primera instancia emitido por la justicia en diciembre de 2025. sostiene que los argumentos oficiales no lograron desvirtuar los fundamentos de la decisión de primera instancia. De esta manera, la Cámara reafirmó la vigencia de una ley sancionada por el Congreso con más de dos tercios de ambas cámaras, que incluso fue ratificada tras el veto presidencial.

Los camaristas rechazaron uno por uno los planteos del Ejecutivo. Frente a la afirmación de que la norma estaba suspendida por la Ley 24.629, los jueces recordaron que una ley posterior puede modificar o dejar sin efecto una anterior. En ese sentido, remarcaron que la Ley 27.795 fue sancionada con posterioridad y con una mayoría agravada, lo que le otorgó plena validez. Asimismo, citaron jurisprudencia de la Corte Suprema y dejaron en claro que la Ley de Administración Financiera no tiene jerarquía superior al resto de las leyes del Congreso.

Sobre el supuesto de inexistencia de perjuicio irreparable, la Cámara afirmó que el daño resultó evidente. Señaló que tanto la ley como el decreto cuestionado reconocieron el deterioro salarial del sistema universitario y destacaron el carácter alimentario de los ingresos afectados. Del mismo modo, los letrados  descartaron el intento del Gobierno de cuestionar la imparcialidad del juez de primera instancia al considerar que ese planteo ya había quedado cerrado.

En este marco, los camaristas  rechazaron el argumento que sostenía que la medida cautelar afectaba el interés público. Retomaron lo expuesto en primera instancia y subrayaron que el impacto fiscal de la ley representa apenas el 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Frente a ese dato, concluyó que el eventual ahorro no justificaba la vulneración del derecho constitucional a enseñar y aprender.

En otro tramo, los jueces calificaron como “poco serio” el planteo que intentó presentar la cautelar como una sentencia definitiva encubierta. Explicaron que la medida solo alcanzó a dos artículos vinculados a salarios y becas, mientras que la discusión de fondo —que incluye la inconstitucionalidad del Decreto 759/25 y el cumplimiento integral de la ley— continuará en el proceso principal.

Finalmente, la Cámara reiteró que la recusación de los jueces ya fue resuelta y no puede volver a discutirse en esta instancia. Aclaró que, aunque el Gobierno recurra en queja ante la Corte Suprema, ese trámite no suspende el curso del expediente ni la vigencia de la cautelar.

Con esta decisión, la medida quedó firme en segunda instancia y el Ejecutivo deberá avanzar con la actualización salarial y la recomposición de becas. En paralelo, el conflicto universitario sigue abierto: trabajadores del sector llevan adelante medidas de fuerza en defensa de los salarios y los puestos de trabajo, en un escenario de creciente tensión con el gobierno libertario.

 

 

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