Por Redacción
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, que conduce Hugo «Cachorro» Godoy, (CTA-A) rechazó la “Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque”, aprobada por la Procuración General de la Nación y exigió la derogación de la medida. La conducción de la organización gremial sostuvo que la decisión oficial incorporó criterios ideológicos y conductuales para establecer niveles de riesgo y cuestionó que conceptos como “radicalización” y “propaganda” queden sujetos a la interpretación de fiscales y jueces.
A través de un comunicado, que lleva la firma de Godoy y de Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios y Formación, la CTA-A aseguró que «esta guía no surge en un vacío institucional, sino que se inscribe en un proceso de avance sobre derechos fundamentales que incluye la puesta en marcha de un Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE y la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional que faculta a sus agentes a realizar aprehensiones sin intervención judicial previa, todo ello agravado por las recientes manifestaciones del Presidente de la Nación, que calificó despectivamente como «terroristas» a estudiantes, periodistas, docentes e investigadores, generando un justificado rechazo por la inquietante similitud con el lenguaje utilizado por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar».
De este modo, la dirigencia sindical explicó que «el documento, parte de una concepción del terrorismo como un proceso continuo en el que el atentado es el eslabón final de una cadena de actividades previas, y considera que tareas como propaganda o radicalización son «aportes que incrementan la capacidad operativa» de un grupo terrorista. A partir de allí, propone una matriz de indicadores ideológicos y conductuales que clasifica a las personas en niveles de riesgo. Esta definición es arbitraria porque deja al criterio del fiscal o del juez determinar qué es «radicalización» o «propaganda», sin parámetros objetivos ni control judicial efectivo, transformando la persecución penal en una herramienta de disciplinamiento ideológico».
El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA-A registró 147 represiones a protestas sociales desde el inicio del Gobierno de Milei hasta el 15 de agosto de 2026, con al menos 591 personas detenidas. La central sindical sostuvo que estos datos muestran que la persecución de la protesta y la disidencia política constituye una práctica concreta. En tal sentido, la conducción de la Central afirmó que «el instrumento aprobado, amparado en una pretendida finalidad preventiva, incorpora al ámbito judicial criterios de evaluación de perfiles ideológicos por encima del análisis de hechos concretos, vulnerando la intimidad de las personas y habilitando acciones persecutorias contra quienes ejercen su derecho a expresar libremente sus pensamientos, convicciones y militancia».
Por último, remarcó: «Estas prácticas estatales atentan contra las libertades que el pueblo trabajador conquistó con su lucha y su sangre a lo largo de nuestra historia democrática. No resulta casual que la difusión de esta «Guía» coincida con el impulso gubernamental a una renovada Doctrina de Seguridad Nacional, articulada en el plano internacional con lo que se perfila como un nuevo Plan Cóndor. Conocemos demasiado bien el alcance de aquella doctrina y aquel plan: miles de desaparecidos/as, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, prisiones clandestinas, apropiación de niños/as y niñas, y el exilio forzado de miles de personas. Ese pasado trágico nos interpela y nos obliga a alzar la voz para exigir la derogación de esta resolución y el abandono de cualquier política que busque imponer el miedo como mecanismo de control social».
