Por Redacción
Tras el fallo judicial de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo que dispuso la anulación de los comicios nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica y dispuso la intervención de la organización sindical por 180, la Confederación General del Trabajo manifestó su profundo rechazo a la decisión de la justicia y aseguró que «la defensa de la democracia sindical no se negocia». En tanto, el Frente de Sindicatos Unidos exigió «el respeto a la autonomía y a la democracia sindical».
En este marco, la CGT expresó: «Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores». Y demandó el cese inmediato de la intervención a la UOM. El fallo judicial representa una grave vulneración a los derechos que asisten a las y los trabajadores y refiere a una campaña antisindical desplegada por el gobierno de Javier Milie, confirmaron fuentes sindicales.
Para el FRESU, denunció que «el fallo fue firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Se trata de los mismos magistrados que restablecieron la vigencia de la regresiva reforma laboral el 23 de abril pasado. Menos de 24 horas después, el gobierno de Javier Milei recompensó al juez Pesino con 5 años más en su cargo, a pesar de haber sobrepasado el límite de los 75 años de edad».
En tal sentido, agregó que «se trata de una persecución política, grosera y direccionada contra la conducción de la UOM, que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la regresiva reforma laboral junto a las más de 140 organizaciones que integramos el FreSU, en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora argentina».
Asimismo, repudió «esta arbitraria intervención y reclamamos su cese inmediato, y la devolución de sus cargos a quienes fueron electos para ocuparlos por sus pares, las y los trabajadores metalúrgicos», y exigió «el respeto a la autonomía y a la democracia sindical, tal cual está garantizada por la Constitución Nacional, la Ley Nº 23.551 y tratados internacionales». Por último, manifestó su solidaridad «con Abel Furlán y las y los compañeros metalúrgicos. Que quede claro: no hay hostigamiento que sea capaz de detener la lucha de la clase trabajadora argentina».
