Por Gustavo Ramírez
El Ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó el rumbo económico y aseguró que “es importante que los funcionarios que trabajan estén alineados con lo que se define políticamente y que no digan cosas que puede generar incertidumbre sobre las decisiones que se han tomado“.
La síntesis del momento actual puede referenciarse en una frase que deslinda responsabilidades sobre el plan económico, que apuesta al derrame del desarrollo y crecimiento, y vincula a la crisis presente a la interna en el Gobierno. Claro, es algo más que ello, porque el Ministro de Economía salió a hablar un día antes de que el INDEC presente el último índice inflacionario y en medio de un torbellino de versiones sobre cambios en el Gabinete. Nada es casual ni inocente.
“El Presidente ha marcado que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido”, aseguró el Ministro. Esta afirmación no es desacertada desde el punto de vista del círculo cerrado que rodea a Alberto Fernández. La demanda de orgánica es casi natural, sobre todo en un contexto donde la fluctuación de lealtades se torna difusa. No obstante, parece algo descolgada del cuadro de representación ante la ausencia de conducción, por parte del propio mandatario en la circunstancias actuales.
Por otro lado, la insistencia en el diagnóstico multicasual en la incidencia inflacionaria restringe el marco de apreciación para el desarrollo de políticas ofensivas en el control económico. Es decir, esta lectura sirve, de cierto modo, para justificar la decisión del gobierno de imponer políticas parches sin confrontar abiertamente con el poder político-económico concentrado. A esta altura la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, factores de la crisis global que en parte actúan como condicionantes, son utilizadas como excusas para las autolimitaciones a las que limita su margen de acción el gobierno.
Si bien el proceso internacional tiene incidencia en la economía local y regional, este no es un factor determinante. El problema de la inflación no es nuevo. Cuando Alberto Fernández asumió la conducción política del país la situación era grave en términos inflacionarios, sin embargo, el plan originario, más allá de los emergentes imponderables de la crisis sanitaria y con posterioridad la crisis bélica, estaba sometido y condicionado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ello fue una decisión política que horadó el andamiaje interno del Frente de Todos.
En Argentina el 6 % de la empresas concentran el 85 % del mercado de alimentos, el 7 % maneja el 93 % del mercado en bebidas, el 11 % acapara el 83 % del mercado de medicamentos, por ejemplo, según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Esta concentración es determinantes en función de los condicionamientos internos que impactan directamente sobre la economía local con repercusión en las condiciones de vida de millones de argentinos y argentinas. Son preexistentes a la pandemia y a la guerra.
La fijación de la política económica de producción para exportación y la falta de una política de sustitución de importaciones, expone a las claras que el bagaje desarrollista no ha considerado como factor de desconcentración del capital el fortalecimiento y la consolidación del mercado interno el despegue de la producción industrial integral como proceso de descolonización económica.
El ejemplo más elocuente es el de la industria naval que se reduce a la producción de bienes que no tienen que ver con la potenciación de la marina mercante a través de la flota propia y se reduce a la reactivación productiva a partir de la construcción de puentes ferroviarios, en Tandanor, por ejemplo, sin política real con mirada descentralizadora e integradora del conjunto industrial. No es posible que no se vea que la Industria Naval es la madre de todas las industrias, lo que se asume de manera demagógica discursiva, lo que prima es la decisión de privilegiar el sostén del capital privado especulativo por encima de la producción industrial para el mercado interno.
Argentina necesita imperiosamente contar con una flota mercante propia, así como una red de puertos integrada al desarrollo productivo, con eje vertebrador en el dominio de las vías navegables internas tanto fluviales como marítimas. Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, decidió no planificar en la materia determinando un margen de incertidumbre que se ensancha cada vez más en el sector. Una vez más, la decisión política ha sido no tener política para definir los temas de fondo. Tan es así que la Administración General de Puertos, por ejemplo, está más cómoda en la ceración indefinida de cursos de capacitación que en la creación de políticas determinantes para el ámbito.
La mirada estratégica oficial ha quedado reducida a una perspectiva de futuro, supeditada al sobre-diagnóstico superestructural, para mantener la situación dentro de los márgenes previos a la asunción del actual Presidente Fernández. El discurso del actual Ministro de Economía, Martín Guzmán, reproduce los principios morales (despolitizados o sin contenido político) ideologizados de la socialdemocracia asistida por un desarrollismo leve, a lo que se le suma, insistimos la ausencia de conducción política.
El reduccionismo de Guzmán, que al mismo tiempo es el del gobierno, no descomprime la tensión interna ni mucho menos la incertidumbre que crece desde abajo hacia arriba. La semana entrante es posible que el gobierno anuncie un nuevo paquete de medidas, sin embargo, esto no logra tomar la agenda central de los sectores populares por lo que la desconfianza se incrementa. Desde el oficialismo se pone el caballo delante del carro.
Guzmán desechó la posibilidad de crear un salario universal como respuesta política para combatir la indigencia, también sacó de la agenda la posibilidad de subir retenciones. Confirmó que no habrá modificaciones del estatus quo, por lo que dejó en claro que el gobierno no apunta a tomar como eje de la disputa política la distribución de la riqueza. La apuesta es el derrame. Una ilusión ideológica que puede tener un trágico final, al mismo tiempo que pone en seria dudas el mantenimiento de la unidad interna.
Los sectores populares necesitan una demostración efectiva de cambio estratégico con impacto real en el poder adquisitivo de sus bolsillos. Los pobres, la clase trabajadora, saben como es vivir en medio de un territorio bombardeado por las políticas liberales, en permanente situación de guerra. Es allí donde se necesitan fijar las políticas superadoras de la crisis, lejos de la opinión interesada de la UIA y la Sociedad Rural. A Guzmán se lo dijeron esta semana en la calle: “Con la comida no se jode”. ¿Habrá escuchado?
15/4/2022
