Por Redacción
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) declaró el estado de alerta máxima y expresó un profundo malestar frente al nuevo organigrama dispuesto por el gobierno libertario de Javier Milei para la Dirección Nacional de Vialidad, al que atribuyó un proceso deliberado de vaciamiento del Estado sin debate público. La conducción sindical, encabezada por Graciela Aleñá, anunció movilizaciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires y vinculó el conflicto con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.
La protesta se inscribió en la reestructuración administrativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional bajo los lineamientos del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que, según el sindicato, utiliza a Vialidad Nacional como caso testigo de una política general de desmantelamiento de organismos estatales.
Graciela Aleñá afirmó: “Hoy marchamos en Rosario y mañana en Buenos Aires. Estamos en los lugares donde tenemos que estar. El jueves se trata la Reforma Laboral en el Senado y nuestro caso de Vialidad demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.
La secretaria general del STVyARA agregó que “esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la Democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso Nacional le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza, estaremos marchando y esto tiene que ser una bandera para todos los argentinos, que dan testimonio a diario la destrucción de la red vial nacional”.
De acuerdo con un informe interno del propio organismo al que accedió el sindicato, la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un proceso de “reorientación institucional” que, en la práctica, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para quedar limitada a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. La conducción sindical advirtió que este cambio significa que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, con un retiro explícito de una función estratégica, con impacto directo sobre millones de usuarios de la red vial en todo el país.
Ante este escenario, el STVyARA intimó de manera formal, mediante carta documento, al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, para que se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier decisión administrativa, organizativa o funcional orientada a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad.
En la presentación, el sindicato exigió que no se avance en medidas que impliquen la eliminación de funciones operativas sustantivas, una reducción estructural incompatible con los fines legales del organismo, la transferencia de competencias esenciales al sector privado o la reconversión de Vialidad Nacional en un ente limitado a tareas de planificación y fiscalización, en detrimento de su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.
La conducción organización sindical sostuvo que este tipo de decisiones resulta contrario al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de garantizar la integración territorial y el desarrollo federal, con consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, en particular en las regiones más postergadas del país.
El STVyARA remarcó que la Dirección Nacional de Vialidad constituyó históricamente una herramienta central de integración territorial, desarrollo federal y equidad social, al garantizar la presencia del Estado en zonas donde la lógica de mercado no resulta rentable, como rutas para pequeñas localidades, caminos productivos y conectividad para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
De acuerdo con la dirigencia sindical, el modelo impulsado por el Gobierno nacional reemplaza ese criterio por una lógica de rentabilidad, convierte la infraestructura vial en un negocio y anticipa un esquema de peajes significativamente más caros, con un fortalecimiento de negocios privados en desmedro de la seguridad, la integración territorial y el interés público.
La conducción sindical hizo responsables de manera directa a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que puedan derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que se encuentran en análisis.
Por último, el STVyARA ratificó que la defensa de Vialidad Nacional no implica sostener una estructura burocrática, sino preservar la presencia del Estado, el derecho a circular, a producir y a residir en cualquier punto del país, y confirmó que continuará con las denuncias públicas y políticas frente a un proceso que, según afirmó, pone en riesgo la seguridad vial, la integración territorial y el futuro de la Argentina.
