Por Redacción
La administración libertaria utilizó el resultado favorable de las elecciones legislativas para avanzar con un esquema de incrementos en los servicios públicos y los combustibles que volvió más pesado el costo de vida. Las medidas impulsadas por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, fijaron para noviembre aumentos que alcanzaron el 3,8% y marcaron el final del tope de subas por debajo del 2% que se aplicó durante el último tramo previo a los comicios con el propósito de contener la inflación.
El Ministerio de Economía formalizó una actualización cercana al 4% en las tarifas de gas mediante la resolución 433 de la Secretaría de Energía, acompañada por una serie de disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), numeradas del 811 al 830. A esas decisiones se sumó la resolución 1698, con la cual Caputo habilitó un recargo de hasta 7,2% sobre el precio del gas para quienes no cuentan con el beneficio de zonas frías. El ministro explicó que el recargo financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El régimen de zonas frías permite bonificaciones de entre 30% y 50% a los usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, regiones donde las temperaturas extremas vuelven indispensable ese alivio tarifario. Sin ese beneficio, el impacto de la suba resulta aún más duro para miles de hogares.
A su vez, el Gobierno ajustó los impuestos que pesan sobre los combustibles líquidos, lo que se tradujo en incrementos de entre 1% y 1,5% en la nafta y el gasoil desde el sábado 1° de noviembre. Ese movimiento elevó los costos logísticos y el precio del transporte, un factor que se reflejó de inmediato en alimentos y productos básicos para las familias y para las pymes.
Los servicios de agua y cloacas prestados por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sufrirán en noviembre una suba del 1%, tal como ocurrió desde principios de 2025 bajo el esquema mensual establecido por la empresa estatal. Este aumento se sumó al ajuste generalizado en energía, combustibles y alimentos, que presionó sobre el Índice de Precios al Consumidor.
Consultoras privadas estimaron que la inflación de octubre superó el 2,3% y señalaron que noviembre podría ubicarse cerca del 2,5%, motorizada por las tarifas reguladas y los servicios esenciales. Los análisis remarcaron que la combinación de aumentos en transporte, salud y vivienda generó un arrastre que continuará en los próximos meses.
En este marco, el Gobierno libertario insiste en que su política de retiro de subsidios y revisión de regímenes tarifarios forma parte de una estrategia para sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, cada una de estas decisiones recayó con mayor fuerza sobre trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, que enfrentan una pérdida creciente de poder adquisitivo.
Con la llegada de noviembre, el país volvió a enfrentar un ajuste que profundizó la desigualdad y reforzó la presión sobre los gastos básicos de los hogares. Las medidas del Gobierno libertario confirmaron que la estabilización prometida avanza a costa de quienes ya padecen un escenario económico crítico.
