Por Redacción
La Comisión de Acuerdos del Senado realizó el último lunes la audiencia pública para analizar siete pliegos judiciales, entre ellos el del camarista laboral y antisindical, Víctor Arturo Pesino, propuesto por el Poder Ejecutivo para continuar cinco años más como integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Durante el debate, el magistrado recibió cuestionamientos de senadores de la oposición por sus fallos favorables a la reforma laboral y a la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
La audiencia pública se desarrolló en el Salón Azul del Congreso junto al tratamiento de otros seis pliegos judiciales. El caso de Pesino concentró gran parte del debate debido a su participación en la resolución que dejó sin efecto una cautelar favorable a la CGT contra artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral y por su actuación en el expediente que derivó en la intervención de la seccional Campana de la UOM.
Durante la reunión, el senador Mariano Recalde cuestionó la oportunidad del envío del pliego por parte del Gobierno. El legislador peronista aseguró que «este juez debería cesar en sus funciones por cumplir 75 años, pero el gobierno le prometió prorrogar su designación si salía el fallo. Al día siguiente de dejar sin efecto la suspensión de la reforma laboral mandaron el pliego al Senado».
Pesino defendió su actuación y sostuvo que el criterio adoptado se apoyó en antecedentes de la Corte Suprema. El magistrado recordó que el máximo tribunal estableció en el fallo Thomas que «ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley en general. Y así como tiene la posibilidad de impedir la entrada en vigencia de una ley, tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos». Al referirse a su trayectoria en la Justicia laboral, Pesino afirmó que sus resoluciones estuvieron guiadas por principios constitucionales. El camarista señaló que «continuará desempeñando sus funciones con estricto apego a los principios constitucionales» y sostuvo que sus sentencias procuraron respetar la Constitución Nacional, los derechos humanos y la perspectiva de género.
Recalde lo consultó sobre la denominada «industria del juicio». Tras señalar que no correspondía emitir una opinión personal sobre esa discusión, el magistrado rechazó esa caracterización. «Existiría si estuviesen todos los juicios concentrados en dos o tres estudios, cosa que no existe. Es producto de que hay conflicto entre los trabajadores y los empleadores», respondió. La CGT y la UOM formalizaron impugnaciones contra la continuidad de Pesino. Las organizaciones sindicales objetaron sus resoluciones en causas vinculadas a derechos laborales y cuestionaron su intervención en conflictos internos de la organización metalúrgica.
