Por Redacción
Las y los trabajadores no docentes, docentes de las universidades nacionales iniciaron este lunes un plan de lucha en reclamo por aumentos salariales y para exigir que el gobierno libertario de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. A lo largo de toda la semana no habrá clases en los establecimientos públicos, en este contexto, el Plenario de Secretarios Generales de CONADU resolvió extender las medidas para las semana que se inician el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril.
Asimismo, el Frente Sindical Universitario proyecta la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 23 de abril. En este contexto, se prevé la instalación -en espacio y días a designar- de la Carpa por la Universidad y la Soberanía, en todo el país. El objetivo es informar de primera mano a la sociedad en su conjunto sobre el «carácter urgente de la unidad de las luchas», indicaron fuentes universitarias.
En este contexto, el Centro de Economía Argentina (CEPA) presentó un informe donde se corroboró la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y se evidenció la política de desfinanciamiento promovida por el gobierno de Milei. De acuerdo con el relevamiento, la mayor parte de la caída salarial se concentró en los primeros meses de 2024. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 la inflación acumuló 134,6%, mientras los salarios aumentaron 80,4%. Ese desfasaje implicó una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre de 2023.
El Centro, sostuvo que con noviembre de 2023 como base, el salario real perdió 24,4% hasta diciembre de 2024. Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, con una caída acumulada del 32,1%. En enero de 2026 se produjo un nuevo retroceso y la pérdida total del poder adquisitivo alcanzó el 34% frente al nivel previo a la actual gestión.
El informe comparó los salarios básicos brutos —sin antigüedad— de docentes y trabajadores no docentes con el valor de las canastas básicas correspondientes a un hogar tipo 2 en enero de 2026. Ese mes, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.360.299. Solo un grupo reducido de cargos superó ese umbral. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva registraron ingresos por encima de la línea de pobreza. El salario bruto de ese cargo llegó a $1.380.084, apenas $95.792 por encima de la canasta.
En el caso del personal no docente, solo los niveles 1 y 2 superaron ese límite. Sus ingresos se ubicaron $518.138 y $205.068 por encima de la línea de pobreza. La situación resulta más crítica entre docentes con dedicación semi-exclusiva y simple. La Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $623.990 en enero de 2026. Con ese parámetro, solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva superaron la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes —incluidos todos los de dedicación simple— quedó por debajo de ese nivel.
El informe del CEPA repasó los últimos cuatro presupuestos universitarios, correspondientes al período 2023-2026. El gasto en salarios representó el componente central del financiamiento de las universidades nacionales. En promedio, los sueldos del personal docente y no docente explicaron el 86,9% del presupuesto total, mientras los gastos de funcionamiento concentraron el 13,1%.
La comparación entre 2023 y el presupuesto vigente de 2026 mostró que el ajuste impactó principalmente sobre los ingresos de los trabajadores universitarios. En ese lapso, el gasto salarial cayó 43,2% en términos reales. Los gastos de funcionamiento sufrieron un recorte aún mayor en proporción: 57,1%. Su menor peso dentro del presupuesto explica por qué el impacto principal del ajuste recayó sobre los salarios.
Entre 2023 y 2026, el programa Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR) sufrió un recorte del 89,7%. El Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades cayó 77,4%. El Desarrollo de Proyectos Especiales perdió 91,6% de su financiamiento. El Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional registró una baja del 71,6%, mientras la Promoción de Carreras Estratégicas cayó 77,4%.
Cabe señalar que la crisis se agudizó después de que el gobierno libertario vetara la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario que el Congreso aprobó el 21 de agosto de 2025. No obstante, a pesar de la acción gubernamental, el Parlamento, el 2 de octubre de ese año, insistió con la reafirmación de la normativa. El 21 del mismo mes, el Ejecutivo suspendió su aplicación a través del Decreto 759/2025 y justificó la medida con la falta de financiamiento, pese a que la ley autorizaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó aplicar la norma. Frente a esa decisión, el Gobierno envió el 18 de febrero de 2026 un proyecto al Congreso con el objetivo de modificarla. Según el informe del CEPA, el proyecto del oficial propuso una recomposición salarial del 12,3%, distribuida en tres aumentos de 4,1%. Con la inflación proyectada, esa actualización implicaría una caída real del 16% frente a 2025, del 36,7% respecto de 2023 y del 38,3% en comparación con lo establecido por la ley de financiamiento insistida por el Congreso.
El informe señaló que, incluso en pesos corrientes, el gasto salarial previsto resultaría 3,4 veces menor que el contemplado en la ley. En relación con los gastos de funcionamiento, el proyecto libertario proyectó un aumento del 0,3% frente a 2025. Ese nivel implicaría caídas reales del 50,2% respecto de 2023 y del 20,2% frente a lo fijado por la ley aprobada por el Congreso.
La única partida con incremento real correspondió a la asistencia financiera a hospitales universitarios. Ese rubro registró un aumento del 19,8% en 2026 y representó el 2,3% del presupuesto universitario total. El proyecto oficial elevó esa partida un 45,6% respecto de 2025, con un incremento nominal de $80.072 millones que explica el 13,8% del gasto de funcionamiento.
El informe concluyó que el presupuesto universitario sufrió un ajuste real del 28,7% entre 2023 y 2025. Si se toma como referencia el presupuesto vigente de 2026, la caída frente a 2023 llega al 45,6%. El CEPA señaló que la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario habría permitido una recuperación significativa. Con esa norma, el presupuesto habría crecido 35,1% respecto de 2025 y quedaría apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
El proyecto del Gobierno plantea un escenario opuesto. El financiamiento universitario caería 14,2% frente a 2025 y 38,8% respecto de 2023. Ese esquema dejaría el presupuesto un 36,5% por debajo del nivel previsto en la ley insistida por el Congreso.
Queda en evidencia que el gobierno busca la destrucción del sistema universitario argentino, lo que subyace en la política de desfinanciamiento es sostenimiento de una estructura privatizadora que sustente el dogma material reaccionario a través de la pedagogía colonial, donde el conocimiento es monopolizado por el capital en detrimento del trabajo.
