Por Gustavo Ramírez
En los últimos días el Presidente Alberto Fernández hizo un viraje significativo en su discurso. Se ha mostrado más confrontativo con la oposición, al mismo tiempo que insiste en la necesidad de sostener la unidad dentro del Frente de Todos. Sin embargo, existen límites concretos respecto a la política económica que continúa sin dar respuestas efectivas al desarrollo del fortalecimiento del poder adquisitivo de los sectores populares.
En tal sentido el Ejecutivo insiste, a instancia del Ministro de Economía, Martín Guzmán, en sostener un modelo basado en la producción para la exportación y en la teoría del derrame. Esta perspectiva descuidad la consolidación del mercado interno y sujeta las condiciones económicas locales a los vaivenes de la crisis internacional.
Sin que nadie en términos reales lo haya demandado el Gobierno asume la responsabilidad de buscar endebles equilibrios en materia económica sin atender en profundidad a los desequilibrios existentes entre capital y trabajo. Las condiciones heredas deconstruyeron la matriz productiva reconstruida – de manera insuficiente por cierto – durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
Los equilibrios que el actual modelo, asentado en una base insustancial de desarrollismo, no alcanzan para recomponer la línea productiva industrialista solventada por las exportaciones. A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, la producción industrial está atrapada en un laberinto circular que al mismo tiempo no parece tener impacto en el fortalecimiento del mercado interno.
La pandemia de COVID-19 en un principio y ahora la crisis producto de la guerra en Ucrania crearon las condiciones objetivas para las distorsiones tormentas que afecta a la producción y abastecimiento de alimentos y combustibles a nivel internacional. A contramano del pregón opositor argentino, 35 países resolvieron en los últimos días imponer condiciones proteccionistas a las exportaciones de alimentos en función de poder armar su propia vaya en materia de seguridad alimentaria.
En Argentina, por el contrario, los dueños de la tierra y de los productos especulan con los precios internacionales y presionan para que los índices locales en góndolas no se alejen de las ganancias especulativas. Por lo tanto se vuelve a reeditar una constante política histórica donde parte de los grupos que ostentan el poder del capital concentrado pretenden establecer las reglas de juego por encima del poder soberano del Estado.
El gobierno, inspirado por el voluntarismo ideológico, cae infantilmente en la trampa y promueve de manera denodada la subvención a la oferta bajo la creencia que el capital retribuirá con creces el otorgamiento de estos beneficios. La historia reciente ha demostrado que la ausencia de burguesía nacional compromete al empresariado pro-oligarca con las demandas de sus propios intereses sin reparo de la situación colectiva.
Las condiciones internacionales favorecen este escenario de especulación. Ahora, en parte, para combatir el proceso inflacionario la decisión de Hacienda fue promover la profundización del esquema especulativa a partir de la suba de la tasa de interés con el objetivo de preservar la mondad internacional. Esto conlleva a sumergir la finanza a un espiral de acción y reacción en función de la relación costo beneficio.
Por otro lado, casi sin percibirlo, el país se encuentra una vez más envuelto en los condicionamientos económicos. A diferencia del período peronista iniciado por Néstor Kirchner, aún en su variante más desarrollista bajo el Gobierno de Cristina Fernández, la política era la que conducía el proceso y no la economía. Hoy esa relación cambió y es la economía que la subordina a la política bajo su órbita, porque son los grandes capitalistas los que imponen las reglas de juego.
A nivel internacional el precio de los alimentos se encuentra un 34 % más arriba que un año atrás. El trigo, por ejemplo, incrementó su valor un 81 %. Con estos índices a la oligarquía campera local se le hace agua la boca, por lo que apelar a su conciencia moral resulta tan estéril como infantil.
Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz “la ventaja de ser un importante productor de alimentos en un contexto de repunte de su precio global, no derrama en las mayorías al ser concentrada por los grupos exportadores primarios. La aceleración de la inflación en los últimos meses fue liderada por los alimentos al no haberse logrado desacoplar su precio interno del internacional”.
Para el CESO “anclar precios puntuales sin un esquema integral sólo tiene el efecto de retrasar un precio relativo sin formar una referencia para la inflación. El gobierno tiene que tomar las definiciones sobre los precios que regula de forma directa y poner sobre la mesa la evolución de los principales costos que administra: el tipo de cambio, los combustibles y las tarifas”.
El pronóstico del Centro no es alentador: “El inevitable fracaso del programa oficial de precios se da en un contexto de una inflación que escala peligrosamente al 65-70% anual. Esa cifra pone la economía sobre una zona de riesgo de desestabilización, si la previsible escasez de divisas del próximo año llega a traducirse en una devaluación brusca de nuestra moneda”.
No obstante, en el gobierno el optimismo no decrece. En reciente declaraciones el Secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, sostuvo que “la industria nacional sigue marcando hitos en sus capacidades productivas”. Las expresiones del funcionario se produjeron tras el lanzamiento de una línea de producción de laminación de chapa naval apta para su uso en la construcción de buques, barcazas y barcos.
El tema es ver dónde queda depositado el valor producido. En Argentina los astilleros navales privados optan por la tercerización de producción a Europa, sobre todo España, a partir de la ecuación costo beneficio. No hay producción e barcos de gran calado en astilleros nacionales, lo cual evidencia un déficit industrial sobre todo si se tiene en cuenta que la Industria Naval es la madre de la industria.
Schale, por otro lado, ponderó que la iniciativa que festeja el Ejecutivo se debe a la decisión “de inversión de unos de los principales grupos siderúrgicos europeos de origen italiano, decisión en la que se manifiesta confianza, el rumbo, el desarrollo de nuestra industria nacional y específicamente de nuestra industria naval”.
La inversión internacional puede ser un aliciente pero es al mismo tiempo un factor condicionante en una economía altamente transnacionalizada. El objetivo de ese capital es generar más capital y no mejores condiciones de vida para las y los trabajadores del país. Esto no quiere decir que dicha incursión no sea positiva, pero un proyecto nacional y popular debe sustentarse por la fuerza de lo que el economista Aldo Ferrer denominó densidad nacional. Que la industria nacional esté representada por capitales extranjeros en el fondo resulta un oxímoron al mismo tiempo que un condicionamiento de la globalización.
La crisis es sistémica pero no es algo que el actual gobierno vaya a atacar con determinación y decisión. Lo que sí es necesario es replantearse que capitalismo necesita el país en los marcos de un programa nacional y popular. Obviamente esto es de largo aliento, sin embargo, llama la atención que dentro del Frente de Todos parte del debate no tenga que ver que la transformación del sistema productivo. El manejo nacional de la producción hace también a la distribución de la riqueza.
Salir de los esquemas liberales es condición excluyente para asumir el rol activo y efectivo de propulsar mejoras en las condiciones de vida para los sectores populares, es decir, la clase trabajadora. Dos actores centrales que propician la ruptura de los esquemas tradiciones son las Pymes y economía popular. En este escenario promover la integración y articulación de los sectores dinámicos de la economía nacional podría propiciar un cambio de fondo en materia de relación de valores y precios. La intervención del Estado, como socio preponderante de la distribución y producción e la cadena de valor entre ambos agentes sociales, pueden invertir la ecuación en el corto plazo. A esta altura es algo que se torna necesario.
Para que ello sea factible la decisión política es del gobierno. Mientras se entienda que este el rumbo trazado la situación se tornará tan compleja como tortuosa. Alberto Fernández asimiló el cambio discursivo, ahora tendrá que asumir la responsabilidad histórica y concretar la trasformación política para no caer en el precipicio ideológico. Es ahora.
1/6/2022
