Por Redacción
La Cámara Nacional del Trabajo suspendió el último jueves el decreto del Gobierno libertario que eliminaba el feriado por el Día del Trabajador del Estado. La decisión se conoció tras una presentación judicial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y un ciudadano particular. El fallo representa un revés institucional para la Casa Rosada y un triunfo de los sindicatos estatales en el plano judicial, político y simbólico.
La medida cautelar restableció la vigencia de la Ley 26.876, que consagra como jornada no laborable cada 27 de junio, en homenaje a la creación de la Unión del Personal Civil de la Nación. Los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para derogar una norma sancionada por el Congreso mediante un decreto común, salvo en situaciones excepcionales que no se verifican en este caso.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “No puede haber feriados pagos en el sector público que no existan en el privado”. El Gobierno había presentado la medida como parte de una política de “racionalización” para eliminar supuestos “privilegios” del empleo estatal. Sin embargo, el fallo judicial dejó sin efecto esa argumentación.
La presentación sindical fue acompañada por acciones públicas y mensajes políticos que buscaron visibilizar la ofensiva contra el empleo estatal. ¿Qué dijeron los sindicatos? Desde ATE, sostuvieron que “no se trata solo de un feriado”, sino de “defender el rol del Estado y los derechos de quienes lo sostienen”.
El fallo alcanza a todo el ámbito de la administración pública nacional, aunque podría sentar jurisprudencia para otras jurisdicciones. La resolución fue emitida el jueves, a pocas horas de que comenzara la jornada que el oficialismo buscaba volver laborable. El fallo representa un límite institucional a los decretos que avasallan leyes vigentes, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei intenta avanzar sobre derechos adquiridos sin pasar por el Congreso.
La suspensión del DNU 430/2025 vuelve a poner en discusión los alcances del “plan motosierra” cuando colisiona con el marco legal. Esta vez, la Justicia lo frenó.
